Por Alesandra Bueso
Periodista del CESPAD
12 de octubre, 2020
Fueron siete meses de investigaciones que los equipos integrados por de las extintas Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (MACCIH), trabajaron para documentar el caso denominado “Corrupción Sobre Ruedas”, una red que tenía a la cabeza a Hilda Hernández, hermana del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con la que se habrían drenado millonarias cantidades de dinero que estaban destinados para personas con discapacidad, de la tercera edad y a jóvenes hondureños pero que, de acuerdo con el Ministerio Público, sirvieron para financiar la campaña política del mandatario del país.
El caso
Corrupción sobre Ruedas es el caso número 13 que documentó el binomio MACCIH-UFECIC hasta antes de que ambos entes desaparecieran. Ahora, el caso, que está siendo representado ante los tribunales de justicia por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y resuena de nuevo porque a siete funcionarios del gobierno, vinculados al acto de corrupción, la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción les confirmó, por unanimidad de votos, auto de formal procesamiento, el pasado 8 de octubre del 2020.
La investigación, que fue registrada por los fiscales bajo el número-2018-12- Línea C, desnuda cómo se montó la estructura para desviar fondos públicos para favorecer la campaña interna del Partido Nacional en el año 2013. En el caso se aportaron más de 100 medios de prueba que dieron vida a un informe preliminar de auditoría forense, conteniendo unas 500 páginas. “Corrupción sobre Ruedas”, de acuerdo con el MP, se deriva del caso PANDORA, (cuarto caso que presentó la UFECIC/MACCIH, en el mes de junio del año 2018), gracias a las declaraciones de testigos protegidos que develaron los hilos de una estructura que drenó millones de lempiras.
Los equipos de investigadores evidenciaron el desvío de los fondos que estaban destinados para personas vulnerables: discapacitados, jóvenes y de la tercera edad. Esos recursos, que eran del Bono 10 mil, del proyecto Capital Semilla y de la Fundación Acción Social (FUNASOL), nunca llegaron a los beneficiarios sino que se usaron para el alquiler de vehículos blindados que fueron utilizados por funcionarios y sus familiares. Además, se invirtieron para financiar campañas políticas en el 2013, una Convención Política en el 2014 y gastos personales de las cabezas de la red. Para sacar esos fondos, los implicados contaron con una empresa de fachada, bajo la denominación Servicios e Inversiones (AID), la que se creó para defraudar al fisco, según la investigación que presentó la Fiscalía.
Los implicados son funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Honduras, los que violentando sus deberes, conformaron una estructura de corrupción para apropiarse de 11 millones 401 mil 151 lempiras. Ese dinero fue utilizado entre el 4 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014 y fueron retirados mediante 104 débitos de cuentas bancarias.
Los acusados
| Nombre | Cargo | Delitos |
| Juan Ramón Maradiaga Franco | Gerente Administrativo de BANADESA. | Un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude. |
| David Eduardo Ortiz Hawit | Gerente Financiero de BANADESA. | Un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude. |
| Elmer Jeovany Ordóñez Espinal | Jefe de Control Interno de BANADESA. | 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude. |
| Gonzalo Molina Solórzano | Jefe de Proveeduría de BANADESA. | Un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 39 delitos de uso de documentos públicos falsos y 43 delitos de fraude. |
| Harvys Herrera Carballo | Gerente Administrativo de Casa Presidencial. | Un delito de violación de los deberes de los funcionarios. |
| Claudia Noriega González | Coordinadora Proyecto “Tarjeta La Cachureca” | 43 delitos de fraude. |
| Carol Vanessa Alvarado Izaguirre | Gerente Financiera de Casa Presidencial y Jefa de Presupuesto de Secretaría de Inclusión Social (SEDIS). | Un delito de violación de los deberes de los funcionarios, 43 delitos de fraude (art. 376 del Código Penal) y un delito de fraude (art. 240-A del Código Penal). |
| Carlos Josué Romero Puerto | Coordinador del Proyecto PRAF-BANADESA. | 17 delitos de fraude. |
La Investigación
Fue a mediados del año 2013 cuando José Adolfo Sierra, quien trabajaba con Carol Alvarado, Gerente Financiera de Casa Presidencial y Jefa de Presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social (SEDIS), relató que la extinta exministra Hilda Hernández, hermana del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quería formar una empresa. Sin embargo, según el requerimiento fisca, Hilda Hernández necesitaba una persona para poner esa empresa a su nombre. Fue así que en el mes de mayo de 2014, Sierra se constituyó como comerciante individual bajo la denominación Servicios e Inversiones AID, cuya finalidad sería la prestación de servicios de publicidad, impresión, venta de material de oficinas, construcción, licores, cigarrillos, compra y venta de bienes y raíces, préstamos bancarios y cualquier actividad de comercio lícito en Honduras.
Según los registros del Servicio de Administración de Rentas (SAR), en el 2013, AID, tenía un total de 5.3 millones de lempiras, como ingresos declarados; en el 2014, 36.4 millones; en el 2015, un total de 55.8 millones y para 2016, la suma de 34.1 millones de lempiras. En julio de 2013, Carol Vanessa Alvarado y José Adolfo Sierra, visitaron una institución bancaria privada para abrir una cuenta en cheques a nombre de Sierra y la empresa AID. Detallaron que del negocio de publicidad obtenían un ingreso mensual de 30, 000 lempiras y, para abrir la cuenta, depositaron cinco mil lempiras.
AID tuvo sus oficinas en el barrio La Granja, pero luego la trasladaron al edificio donde funcionaba la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), a petición de Hilda Hernández, según señala el requerimiento fiscal. En el relato del testigo se establece que cuando Hilda Hernández fue nombrada Ministra de Comunicaciones, la empresa AID se trasladó a las instalaciones de Casa Presidencial. La Guardia de Honor Presidencial le extendió al testigo un carné como motorista de Carol Alvarado para que pudiera ingresar a Casa de Gobierno. Entre julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014, se realizaron créditos por 11.4 millones de lempiras de la cuenta número 12075503, de la empresa AID, en la que se registraron 104 transacciones por débitos.
Financiamiento de Campañas
El testigo protegido identificado como TP-BA1, relató que conoció a la extinta exministra de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández, por intermedio de David Eduardo Ortiz Hawit. La acusación señala que en agosto de 2013 se le manifestó al testigo protegido TP-BA1, “que había un dinero transferido a BANADESA para la campaña electoral del candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, fondos destinados a la encargada de campaña, Hilda Rosario Hernández, para ser utilizados en la campaña electoral”.
El requerimiento fiscal, además, señala que “se le instruyó para que hiciera facturas simuladas para tener acceso a los fondos”. Por ello se presentaron 2.9 millones de lempiras en facturas simuladas ante BANADESA. Después de eso, el testigo asegura que se reunió con Hilda Hernández, “para determinar cómo le pagarían varias facturas que le adeudaba el movimiento Azules Unidos del Partido Nacional, por renta de vehículos para la campaña de las elecciones internas del 2012, que ascendían a cinco o seis millones de lempiras”.
En la declaración, que forma parte del requerimiento, el testigo informa que la exministra de Comunicaciones le dijo que utilizaría parte de los fondos de los 2.9 millones. “Iban a abonar 1.3 millones de lempiras en facturas vencidas del servicio de alquiler de vehículos para la campaña; 800,000 lempiras y fracción, lo abonaría para la compra de una camioneta Toyota, modelo Land Cruiser Prado, y el resto, aproximadamente 800,000 lempiras, se los devolverían en efectivo. Para noviembre de 2013, el testigo aseguró que la exministra Hernández le solicitó que recogiera unos cheques de BANADESA, a nombre de la empresa Servicios e Inversiones AID.
En el mes de septiembre del 2019, cuando la UFECIC/MACCIH presentaron el caso ante los medios, Ana María Calderón, Vocera interina de la Misión, dijo: “Estamos frente a exfuncionarios y funcionarios públicos que violando sus deberes de proteger los fondos del Estado conformaron una estructura para drenar recursos”.
¿Qué medios utilizaron?
BANADESA fue el blanco de los fraudes. Con el Proyecto Bono 10 mil, mediante convenio suscrito el 19 mayo del 2010 entre el Programa de Asignación Familiar (PRAF) y BANADESA, entregarían beneficios a personas de la tercera edad, a jóvenes y a personas discapacitadas. Aquí fue clave la empresa AID, que se creó por las cómplices necesarias Carol Vanessa Alvarado Izaguirre y Claudia Noriega, coordinadora del proyecto “Tarjeta la Cachureca”, para el manejo de esos fondos que terminaron usándose para fines personales y para financiar campañas políticas.
Para justificar la salida del dinero hubo un “gancho” perfecto: la emboscada que se suscitó en la comunidad de El Chaparral, en El Paraíso, en el mes de octubre del 2012 y que dejó cinco muertos y el robo de siete millones de lempiras del Bono 10 mil. Esa fue la coartada perfecta para justificar la necesidad de alquilar vehículos blindados por el traslado del dinero.
“Esta fue la explicación que se tuvo para alquilar vehículos blindados. Para esto se utilizó a la empresa AID y al evaluar la extensa documentación encontrada se concluyó que en realidad estos vehículos blindados fueron utilizados para trasladar a diversos personeros que iban a trabajar o que iban a ser utilizados en la campaña electoral”, denunció Calderón, en su momento. Este servicio de alquiler de vehículos le costó al Estado 4 millones 154 mil 20 lempiras.
Otra modalidad
La investigación señaló que se utilizaron más de seis millones de lempiras en gastos para la campaña y que incluyó la elaboración de 700, 500 sándwiches que habrían sido utilizados el 27 de enero del 2014, en el estadio nacional. Ese pago fue autorizado por Carol Vanessa Alvarado Aguirre. Esos 700, 500 sándwiches tuvieron un costo de 862, 500 lempiras.
También se registró que entre el 30 de octubre y el 13 de diciembre del 2013, el Congreso Nacional emitió tres cheques que fueron depositados a la cuenta de la empresa AID, que ascendieron a la cantidad de 706, 320, que supuestamente eran para pagar servicios de publicidad, propaganda institucional y otros eventos del Congreso. Sin embargo, no se encontraron documentos que indiquen que esos fondos fueron utilizados en esa actividad. Otro hallazgo que destaca el Ministerio Público, fue que la empresa AID giró un cheque por 700 mil lempiras que fue cobrado en efectivo y que según la investigación, fue utilizado para el pago de hospedaje en una convención de un partido político. Esa convención se llamó “Todos por una Vida Mejor”, que se realizó el 15 de marzo del 2014, en Comayagua.
Gastos Personales
Se estableció a lo largo de la investigación que parte de la piñata de esos fondos terminó en gastos personales; la Fiscalía detectó diversos depósitos que salían desde la cuenta de AID a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado Izaguirre. Inclusive, se libraron cheques para pagar su tarjeta de crédito.
El fraude en el uso de los recursos fue evidente; se cumplieron los requisitos del delito porque como funcionarios públicos, en cumplimiento de sus funciones, se advirtió que participaron en actos en los que estaban de por medio los intereses del Estado. También, que se pusieron de acuerdo para favorecer a un tercero y que siempre existió el propósito de defraudar al fisco.
Las declaraciones de testigos protegidos en el caso han sido clave para desnudar esta red de corrupción que desde el Estado desvió dineros. Se trata de un caso en el que, incluso, en calidad de testigos, han sido llamados desde el mes de febrero de este año, varios periodistas a los que se las habría entregado unos 4.5 de lempiras, provenientes de las arcas del Partido Nacional.
Aseguramientos
En el proceso, el Ministerio Público solicitó el aseguramiento de nueve vehículos y una empresa. “Fue una forma diferente de operar; se trató del alquiler ficticio de vehículos, los que fueron utilizados o transferidos a algunos funcionarios públicos o familiares para uso personal”, dijo uno de los investigadores.
Uno de los vehículos decomisados, según el reporte fiscal, es el que tiene placas PDE 4483 que inicialmente se rentó, pero que luego fue traspasado por la empresa arrendadora, el 8 de febrero del 2018, a la empresa Golden Rent a Car. “Esta empresa alquiló este vehículo supuestamente a Casa Presidencial y, finalmente, quien lo utilizó fue Andrea Carolina Hankel Hernández”, dijo Calderón. Ese vehículo se pagó con fondos del Programa Capital Semilla.
Un segundo vehículo fue utilizado en alquiler, pero luego fue traspasado a Carlos Roberto Castillo Andino, quien a su vez lo traspasó a Nelly Isabel Martínez Torres, esposa del entonces presidente de BANADESA, Jhonny Handal. Otro de los carros asegurados fue un Explorer placas PDE 9079, utilizado por Bayardo Salgado, como funcionario de BANADESA. El vehículo PDM 5759, fue asignado a Marlon Dariel Salgado Méndez, hijo de Bayardo Salgado, y el vehículo PDE 9085, que también fue adquirido por el Proyecto Capital Semilla y de arrendarse, se traspasó a la empresa Inversiones Olis, cuyos gerentes eran Ana Beatriz Solis Mckinson y David Ortiz, gerente de Finanzas de BANADESA.
Cuatro vehículos fueron pagados por Capital Semilla y beneficiaron a Carol Vanessa Alvarado Izaguirre y José Antonio Bardales Fuentes, ambos socios de la Empresa Representación Montes, distribuidora de productos, la que fue asegurada.
¿Qué viene?
Corrupción Sobre Ruedas apenas ha presentado un requerimiento fiscal en una de las líneas de investigación que tiene documentada el Ministerio Público. Es tan amplia la investigación que denota “una piñata” de millones de lempiras que fueron saqueados y que terminaron en manos de particulares y de políticos que los destinaron para el financiamiento de la campaña del 2013 y para realizar las convenciones del Partido Nacional en el 2014. Hay más detalles que en los próximos días saldrán a luz, como parte de una investigación, cuyo punto clave son las declaraciones que alrededor de 50 periodistas hondureños aportan al caso, y que han sido llamados para rendir cuentas.
Esta es una red bien montada, de las muchas que en el país se formaron y que evidencian, de acuerdo con el Ministerio Público, cómo, mediante empresas y fundaciones de maletín, se ha estado defraudando al fisco desde hace muchos años.
Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/a del reportaje y del CESPAD.