Por Alesandra Bueso
Periodista de CESPAD
14 de octubre del 2020
Las 10 personas que están vinculadas con la sustracción de más de 68 millones de lempiras (cerca de 3 millones de dólares), de la ex SOPTRAVI, van a juicio, luego de que el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, determinara Auto de Apertura a Juicio Oral y Público. Narcopolítica le llamó a este caso el extinto binomio MACCIH-UFECIC, con el cual documentó una red que se vinculó con la estructura criminal de “Los Cachiros”, para apoyar al financiamiento de la campaña política del expresidente Porfirio Lobo, en el año 2013.
La decisión se conoció en las últimas horas, luego de que el Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentara una solicitud para iniciar juicio oral para tres de los implicados en el caso Narcopolítica, el que se suma a los restantes siete implicados, a quienes ya se les declaró, también, apertura a juicio oral y público.
¿Qué implica la resolución?
La resolución emitida establece que “en la causa penal contra varios imputados en hechos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), se abre el juicio a Norberto Quezada Suazo por su posible participación en 10 delitos de fraude; para Lucas Jetssel Velásquez Ramos por un delito de fraude y para Marlon Geovany Aguilera por considerarse como simple cómplice en la comisión de 21 delitos de fraude”.
“El expediente de mérito en el caso será remitido junto con la resolución y anexos correspondientes al Tribunal de Sentencia en un plazo de 48 horas”, explicó a los medios locales, Carlos Silva, vocero del Poder Judicial. Una vez se reciba esa resolución y anexos, la Secretaría del Tribunal de Sentencia convocará a las partes procesales para que rindan sus informes detallados de cómo serán notificados en adelante, en el proceso, para que continúen las fases preparatorias para el Juicio Oral y Público.
Con esta decisión, los 10 implicados en Narcopolítica definirán su futuro en un juicio oral y público mediante el cual se determinará su inocencia o culpabilidad en los hechos que se les imputan. Solo están pendientes de presentarse a los Tribunales Devis Leonel Rivera Maradiaga y Fabio Porfirio Lobo, ambos acusados en Estados Unidos por narcotráfico, guardando prisión en una cárcel Federal en ese país.
El resto de implicados: Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exalcalde de Tegucigalpa y exministro de SOPTRAVI (el único que guarda prisión en el caso), así como Walter Noé Maldonado Maldonado, exdirector General de Carreteras en SOPTRAVI; Marlon Yovany Aguilera Flores, exjefe de la Unidad Técnica de Apoyo y Seguridad Vial de SOPTRAVI; Carol Ivón Pineda Baide, de la Unidad Técnica de Apoyo y Seguridad Vial de SOPTRAVI; Daysi Marina Zúñiga Méndez, Gerente General de la Empresa Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S. de R. L. (INCOHZ); José Manuel Valladares Rosa, Gerente General de la Empresa Construcciones y Supervisión Vanvitelli, S de R.L.; Luisa María Fonseca Montalván, Gerente General de la Empresa Construcciones y Supervisión Vanvitelli, S de R.L y Claudia Marisela Matute Colindres, Gerente General de la Empresa Profesionales de la Construcción IPC (PCM), aguardan seguir con el proceso porque el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción está a la espera de la resolución para realizarse un solo juicio para 10 de los 12 imputados.
Narcopolítica evidencia como la narcoactividad ha permeado las campañas políticas en Honduras y, al igual que en otros casos de corrupción que dejó documentados la MACCIH-UFECIC (ahora UFERCO), se han utilizado organizaciones no gubernamentales, fundaciones e institucionales estatales desde las que se ha sacado dinero de las arcas del Estado de Honduras.
Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.