Por Xiomara Orellana y Gilda Silvestrucci
Edición Claudia Mendoza, periodista del CESPAD
12 de abril, 2021
Víctor Fernández encabeza la defensa de uno de los casos más complejos en su carrera: el crimen de la lideresa indígena Berta Cáceres. Sin embargo, este abogado se enfrenta a estructuras de poder en Honduras que maniobran para evitar que la investigación alcance a empresarios de alto nivel, que presuntamente están vinculados al crimen. El CESPAD conversó con Fernández y nos cuenta cómo, a nombre de las víctimas, se le han cerrado las puertas para conocer los avances de la investigación, se decretó en reserva en el caso e incluso, en el juicio, ha habido prácticas que violentan convenios internacionales y leyes nacionales en materia de derechos humanos.
Hasta el momento ha liderado, como defensor de la familia Cáceres, un juicio que ha dejado a siete autores materiales condenados a pagar varios años de prisión. Pero Fernández dice que no se siente satisfecho con los logros obtenidos porque el camino para llegar a los autores intelectuales aún se percibe lejano y complicado. De hecho, una de las piezas claves y de peso, David Castillo, acusado de ser uno de los autores intelectuales, comenzó la audiencia del juicio oral y público en su contra. Su resultado probablemente decida el futuro de quienes ordenaron, desde otras estructuras, el crimen de Cáceres.
Antes de conversar sobre los hechos actuales que marcan el juicio Berta Cáceres, hablamos en retrospectiva con Fernández para retrotraer cómo se planificó su muerte, la vinculación con las estructuras empresariales y la colusión de un Estado que inicialmente trató de maquillar su crimen; un Ministerio Público que con frialdad ha manejado un caso antecedido por más de 30 denuncias de amenazas y agresiones, y que tocó lo más profundo de las raíces de un pueblo que no desmayará hasta que paguen los que ordenaron su crimen.
CESPAD (C)-. ¿Cómo iniciaron los ataques de la empresa DESA hacia el COPINH y Berta Cáceres?
Víctor Fernández (VF)–. Fue una escalada intensa en contra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización que en ese tiempo sonaba con más fuerza y luego contra Berta y otros líderes de la organización. La empresa DESA entró en una especie de desesperación porque el modelo de resistencia que instaló el COPINH y Berta Cáceres fue radical, determinado. Eso originó el expediente de las denuncias, de las amenazas, de la guerra de baja intensidad que se instaló en el corredor donde impacta este proyecto.
Luego se acudió a las otras formas de persecución, criminalización, de muestras de poder de la empresa con sus abogados y abogadas. Berta Cáceres siempre mostró una posición indiferente frente a lo que la empresa pudiera hacer. Lo mostró frente al poder que exhibía con instituciones como la policía o los militares. Así era ella, con un pulso muy fuerte. Teníamos una estrategia de representación procesal del COPINH, de ella con acompañamiento internacional. Berta Cáceres, en los últimos meses de enero del 2016, pensaba seriamente en el tema de las amenazas. Ella notó un ascenso y entendió que había una opción real de un posible atentado en su contra.
C: ¿El Estado no la protegió?
VF: Ese tema siempre cursa por esta contradicción: ¿quién provoca la mayoría de casos, quién coloca en situación de riesgo a las personas? Es el Estado, sea por acción o por omisión. En este caso fue por acción, pues Bertita había sido perseguida. Se hicieron montajes y qué hizo la fiscalía, el Ministerio Público, colocar evidencias en su vehículo para procesarla. Tuvo dos procesos que incluyó, uno, la agresión de un policía en La Esperanza.
Recuerdo bien el encontronazo que tuvo con él. Todas esas son condiciones para imponer medidas cautelares, pero el mecanismo, la instancia que protegía a Bertita, era la Secretaría de Seguridad, los policías del sistema de justicia. Eso marca una contradicción muy notable: te protege quien te agrede y te pone en una situación de riesgo.
La última comunicación que tiene Bertita, minutos o segundos antes de su asesinato, es el enlace policial que tenía a su cargo, entonces, aquí hay de hecho. Nosotros tenemos iniciado un proceso para que se determine la responsabilidad que tiene esta estructura y estos funcionarios del Estado de Honduras. Y lo que está claro es que en lugar de protegerla hay indicios que desde esa función de protegerla tuvieron acceso los funcionarios del Estado a información calificada de Bertita. Esto finalmente contribuyó a aumentar la situación de riesgo y desencadenar el asesinato en los términos que se produjo. De hecho, los actores vinculados son: la empresa DESA y los militares que participaron. Se marca una confabulación con actores estatales y luego, no sólo para preparar y ejecutar el asesinato, sino para asegurar la impunidad.
Una de las informaciones relevantes que sale en las comunicaciones, es que los Policías que hicieron el reconocimiento del cadáver de Bertita, fueron los que filtraron el informe del reconocimiento del cuerpo sin vida de Bertita. Lo filtraron a la estructura de seguridad de la empresa DESA.
C: ¿Por qué el Ministerio Público les cierra el espacio como defensa?
VF: Hay que decir que otro de los elementos que se puede interpretar como círculo de la impunidad, que se activa tras el asesinato, es el cierre que hace el Ministerio Público, el sistema de Justicia, para tomar control del caso.
Hay unas intervenciones de las víctimas, de los familiares, a través de los equipos de abogados que hemos participado desde los primeros momentos del asesinato y también de los funcionarios del Estado. La primera petición, por ejemplo, es que un médico autopsiante de confianza participara en la observación de la autopsia, pero eso nunca se resolvió. Ni nosotros, ni las víctimas, nunca tuvimos acceso a la grabación, en video, de la autopsia. Eso nos aseguraba que la autopsia fuera hecha cumpliendo todos los estándares que corresponden.
Fue una lucha intensa en toda esa fase; en este momento jugó un papel decisivo Gustavo Castro, quien fue sobreviviente del asesinato. Su denuncia, su riesgo, fue clave, porque pretendían vincularlo en el caso aduciendo que era una de las líneas de investigación que tenían. Pero él, un sobreviviente, con esa legitimidad y aún con el riesgo, empezó a abrir un panorama distinto en el caso y a forjar, junto al COPINH, la comunidad internacional y las organizaciones, un panorama diferente que mostró que no podían sumarse al guion institucional de la impunidad.
Eso ayudó, en gran medida, aunque no absolutamente, porque nos apersonamos en nombre de las víctimas para intervenir directamente en la investigación, y el Ministerio Público emitió un decreto de reserva de la investigación que sigue vigente hasta la fecha. Pero hemos acudido a todas las instancias judiciales en amparo y se resolvió en todas las instancias que la investigación está cerrada para las víctimas.
Esto va en contrario a los convenios internacionales en materia derechos humanos, va contrario a la legislación nacional. Este es un pulso constante. Insisto, lo que se instala en este tipo de casos es el modelo de resistencia territorial 24/7. Lo que suele suceder es que ese modelo se instala en la institucionalidad y es la denuncia diaria, la visita diaria, el reclamo, la movilización en las instituciones y en la red de solidaridad nacional e internacional que ayuda.
Transcurrió mucho tiempo para que nosotros nos enteráramos qué pasó en el asesinato de Bertita, aquella noche del 3 de marzo del 2016. Pasó casi un año, hasta en el 2017, y tuvimos acceso a la información. El Ministerio Público se resistió muchas veces a la decisión judicial, pero finalmente tuvimos esa parte de la información. Así elaboramos, junto al equipo de juristas Internacionales que nos acompañaron, este caso, la tesis de imputación de la estructura criminal que asesinó a Bertita, que incluye al menos a un miembro de la familia Atala Midence, a Roberto David Castillo y a la estructura militar y sicarial que participó hasta ese momento. De ahí se deriva la responsabilidad que tienen las otras estructuras institucionales, porque se traficó con la influencia, con policías, con militares, con ministros, con el Presidente.
Esta ha sido una pelea intensa para tener este posicionamiento y tener abierto cerca de 20 procedimientos contra distintas instancias y personas, incluso, el sistema financiero internacional, que es uno de los casos que está en curso.
C: ¿Satisfecho hasta ahora con la condena de siete autores materiales?
VF: No, no, no. Cuesta manejar un discurso de satisfacción porque está clara la vinculación del asesinato con la estructura económica que lo hizo. Todos los que están procesados hasta ahora, por sí solos no tendrían ninguna razón para querer matar a Bertita. El militar, es un militar dedicado a su función militar; puede estar vinculado en otros crímenes, pero, ¿a cuenta de qué se involucra en el asesinato de una mujer que vive allá en La Esperanza? Eso sólo es porque alguien lo buscó.
Está claro quiénes son los autores intelectuales y pareciera que hay una determinación de casi todos los actores con poder, para que no se llegue a ellos. Estoy diciendo actores nacionales, estatales e incluso actores internacionales, de la cooperación internacional, que participan de esto. No quieren hacer un mayor esfuerzo porque eso los va a alcanzar a ellos. Llámese desde la embajada de los Estados Unidos, que es la que más peso o poder tiene; su Gobierno tenía un acuerdo de cooperación con DESA, con David Castillo. Entonces, ellos tienen razones para cerrar la búsqueda de justicia, para que no alcance a los autores intelectuales.
Si se analiza el perfil de David Castillo, es un hombre relativamente joven, un modelo de ciudadano exitoso en una sociedad como esta. Es estudiante, militar graduado en el extranjero, empresario, emprendedor, pero es en el modelo de corrupción de esta gente que tiene este éxito. Está evidenciado. De hecho hay un dossier sobre David Castillo, uno puede identificar la apuesta sistémica del ciudadano exitoso, es un ciudadano corrupto, es un ciudadano sin principios, pero con apariencia de buena persona. Pero está preso. Hay varios condenados, entre ellos un militar de alto rango vinculado a las estructuras de inteligencia de este país.
Está desenmascarada la vinculación que hay entre el crimen organizado y el modelo económico en este país. Ese es un aporte muy importante en esta causa, sin romantizarlo. Siempre se dice “no es el aporte de Bertita”, pero sí es el aporte de ella y lo pagó caro: con su sangre.
C: ¿Hay riesgo que David Castillo salga en libertad?
VF: Es alto con todo y los indicios serios que hay de su responsabilidad. David Castillo tiene indicios más fuertes de su vinculación con el crimen que algunos de los otros que ya fueron condenados. Él aparece triangulado en el asesinato con los autores.
Pero claro, es el sujeto hasta ahora de mayor peso. Entonces, si uno lo mira en perspectiva de la ruta de una investigación de este tipo, si cae este, obligatoriamente hay que seguir subiendo. Pero si se interrumpe el proceso investigativo a este nivel, hay altísima posibilidad de que no se siga hacia arriba, hacia los Atalas, hacia los funcionarios que por omisión o por colusión pudieron participar.
Hay un despliegue muy fuerte de la empresa del sector económico por proteger a David Castillo. Hay un nivel de incidencia a nivel internacional muy fuerte, de organismos de Derechos Humanos; hay una plataforma comunicacional muy fuerte y una estrategia de defensa empecinada en hacer todo. La defensa está superando toda forma de ejercicio ordinario en el marco de la lealtad del proceso. Lo están haciendo todo porque entienden que es fundamental parar la persecución criminal que está planteada en este caso. Entonces, el riesgo sí es alto.
C: Esta semana inició la audiencia del juicio oral y público contra Roberto David castillo. ¿Qué pasó?
VF: La defensa siguió con el mismo guion de denunciar y disputar con la fiscalía y el tribunal, aspectos que han venido denunciando como parte de su estrategia de la defensa, que tiene que ver con presentar a Castillo como víctima del sistema, de los peritos, fiscales, del tribunal de sentencia y tener una línea mediática que concite al respaldo del imputado.
El juicio se volvió a detener porque la defensa planteo un incidente de recusación del tribunal, fuera de lo normal, fuera de un clásico planteamiento de recusación. El tribunal invocó a una especie de aplicación de normas preclusivas, es decir, de cierre del caso. Allí estamos parados.
Como acusación privada denunciamos el hecho de que no se respete el derecho de las víctimas a participar directamente de la audiencia. Es un derecho, las víctimas son un sujeto del proceso pero no se permitió el ingreso de Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres. Se le mandó a conectarse por una de las redes de transmisión del juicio. Es desafortunado el papel del Tribunal porque desprecia a las víctimas.
C: ¿Qué nuevas pruebas se presentaron en el juicio?
VF: Se introdujeron pruebas que trascienden al hecho mismo del asesinato, pruebas sobre el perfil criminal de Castillo, sus vínculos con el sector empresarial, con el modelo extractivo y cómo ese perfil le sirvió como elemento para construir una empresa fraudulenta, obtener una concesión corrupta, desarrollar una espiral de corrupción inocultable y una dinámica de violación sistemática de derechos humanos en el territorio, que eran premisas fundamentales para que se produjera la muerte de Berta.
Se introdujo una pericia con perspectiva de género, de cómo el sujeto criminal David Castillo, con sus vínculos hacia el poder económico, desarrolló un vínculo propio de un criminal peligroso, por ser militar, por su capacidad de manipulación. El acercamiento que él hizo a Bertita, el perfilamiento durante varios años, previo al crimen; la fachada de relación cordial, amistosa, solidaria. Estamos metiendo una prueba que destaca la perspectiva de género y derechos humanos en este asesinato.
C: ¿Trascendió una transacción millonaria de un miembro de la familia Atala a Castillo?
VF: Es una prueba relacionada con transacciones financieras entre las empresas vinculadas a DESA y un par de imputados relevantes: Roberto David Castillo y Daniel Atala Midence. Se introdujo como prueba una autorización de transferencia de un millón doscientos mil dólares (USD 1, 200, 000) que se autorizó, por parte de Daniel Atala, de la empresa constructora CONCASA, para otra empresa socia de DESA, de la cual Castillo es su principal responsable. Esto ocurrió dos días antes del crimen de Bertita. Esto es una combinación empresarial, de toda la inteligencia de este tipo de crímenes con la estructura sicarial.
C: ¿Qué sigue?
VF: Estamos a la espera de que se resuelva el incidente de recusación que está turnado en la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa y una vez que se resuelva vamos a saber la postura de la defensa frente a las posturas nuestras. La postura de la defensa para proponer otras cosas. Y luego seguirá el proceso.
A nosotros nos parece muy importante la dinámica de esta semana porque irrumpe, porque está apuntando a quienes tiene que apuntar, a la autoría intelectual, que es una autoría intelectual del sector económico del país, que son los señores Atala y a otros de la estructura institucional, a los funcionarios que se vincularon con esto. Y un desafío que tenemos es plantear el tema hacia la parte más estructural, vinculada al crimen y al Sistema Financiero que apoyó y sostuvo el apoyo, hasta estos días, sabiendo que es un proyecto lleno de corrupción, violador de derechos humanos y un proyecto que asesina gente, como Berta.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.