El 24 de mayo de 2019, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (UFECIC), del Ministerio Público de Honduras, presentó ante el Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 12 personas, acusadas de formar parte de una red que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional, a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron.

La UFECIC reveló el lavado de dinero del narcotráfico en 21 contratos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, (SOPTRAVI), otorgados a empresa INRIMAR perteneciente al grupo delictivo Los Cachiros, por 68 millones de lempiras.

La extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en mayo del 2019, presentó el caso de corrupción al que denominó Narcopolítica, en el que sindicó por los delitos de lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno y cohecho a Miguel Rodrigo Pastor, titular de la SOPTRAVI; al ex director de Carreteras, Walter Noé Maldonado y a Deysi Marina Zúñiga, gerente general de la empresa Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S, de R.L.

Además, se involucró a los narcotraficantes Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y a Devis Leonel Rivera Maradiaga, exjefe del cártel de los Cachiros, una poderosa estructura criminal. Ambos personajes fueron acusados y condenados en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La MACCIH reveló que Rivera Maradiaga financió la campaña política de Lobo Sosa en el año 2009, que lo llevó a la presidencia, nombrando a Pastor como titular de la SOPTRAVI, quien otorgó 21 contratos por un monto superior a los 68 millones de lempiras a favor de la empresa INRIMAR propiedad de los Cachiros. Los contratos tenían como finalidad la ejecución de obras en el departamento de Olancho, pero nunca se realizaron.

En enero del 2022, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, fallaron a favor de los implicados al emitir una confusa sentencia. La UFERCO solicitó un recurso de reposición y aclaración acerca de lo que resolvió y la condición de los imputados a quienes les declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto.

Según el titular de UFERCO, Luis Santos, la sentencia liberó de responsabilidad a los acusados, evadiendo las pruebas que se han presentado en contra de los beneficiados. Sin embargo, confirmó el auto de formal procesamiento contra Miguel Rodrigo Pastor.

Este caso evidenció la colusión que existió entre funcionarios públicos, personajes del mundo político y los grupos del crimen organizado, involucrados en la estructura y en las acciones operativas del Estado de Honduras.