Red de Diputados fue el primer caso de corrupción que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó ante la sociedad hondureña, el 11 de diciembre del 2017, y que vinculó, por primera vez, a cinco diputados del Congreso Nacional de Honduras.

Con este caso, la MACCIH y la entonces Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), iniciaron una acción penal contra las y los diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, miembros del Partido Vamos (Va, Movimiento Solidario). Asimismo, contra Dennys Antonio Sánchez Fernández, del Partido Liberal (PL), y Eleazar Alexander Juárez Saravia, del Partido Libertad y Refundación, (LIBRE).

Las investigaciones de la MACCIH, en las que también participaron expertos internacionales, y fiscales e investigadores hondureños de la UFECIC, evidenciaron que estos cinco diputados y diputadas se coludieron con tres miembros de una organización no gubernamental denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), para apropiarse ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.

¿Cómo lo hicieron?

La investigación reveló que las y los congresistas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo. Ese dinero, posteriormente, era transferido desde la Secretaría de Finanzas (SEFIN), a la ANPIBCH y, finalmente, desde esa oenegé, los fondos eran entregados a las diputadas y diputados señalados en el caso.

Según la MACCIH-UFECIC, los legisladores recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ANPIBCH, organización que recibió varias transferencias desde la SEFIN, por 3 millones 300 mil lempiras, el 14 y 21 de diciembre del año 2015.

Delito de malversación de caudales públicos

La UFECIC y la MACCIH dieron seguimiento al dinero y se comprobó que los recursos públicos fueron entregados a los diputados, pese a que no tenían ninguna autorización para recibirlos. El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal e inició el proceso penal contra los cinco diputados, por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, penas conmutables de acuerdo con la reforma del Código Penal (vigente en ese momento), y solicitó la suspensión inmediata de su condición de diputados. En un comunicado de prensa del MP y la MACCIH se expuso que, en total, se trasladó a la oenegé la suma de 8 millones 300 mil lempiras.

Mediante esta modalidad delictiva, el dinero público destinado a proyectos sociales fue drenado, permitiendo a los diputados y diputadas involucrados apropiarse ilegalmente de los recursos nacionales, a expensas del bienestar colectivo y de los sectores más vulnerables de Honduras.