La UFECIC y la MACCIH presentaron un requerimiento fiscal contra siete diputados y varios miembros de la organización no gubernamental Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH).

Los congresistas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, que eran entregados a la oenegé. Luego, la ANPIBCH enviaba los fondos a los propios diputados, quienes recibieron 15 cheques, mediante transferencias hechas desde la Secretaría de Finanzas. En total se trasladó a la oenegé 8 millones 300 mil lempiras, incluyendo fondos del Congreso Nacional.

Se desarrolló la Audiencia de Declaración de Imputado. La jueza Alma Consuelo Guzmán le decretó a los implicados, medidas distintas a la prisión preventiva.

Se desarrolló la audiencia inicial contra los acusados en el Caso Red de Diputados. Tras evacuar los medios de prueba de las partes, la jueza dijo que el 24 de enero emitiría la resolución.

La Fiscalía presentó un recurso de apelación expresando agravios sobre la resolución dictada por la jueza el 24 de enero de 2018, pidiendo que se revoque.

La Corte de Apelaciones resolvió a favor del Ministerio Público, el recurso de apelación presentado el 26 de enero de 2018. Por unanimidad de votos se revocó la resolución que emitió la jueza en la audiencia inicial.

Los procesados son los exdiputados Héctor Enrique Padilla Hernández (LIBRE), Audelia Rodríguez-Rodríguez (LIBRE), Augusto Domingo Cruz Ascencio (DC), Dennys Antonio Sánchez Fernández (LIBRE) y Eleazar Alexander Juárez Saravia (LIBRE) y los particulares Jeremías Castro Andrade y Geovanny Castellanos Deras. Un octavo involucrado era José Napoleón Panchamé Banegas quien falleció en el año 2018; la jueza le decretó sobreseimiento definitivo.

La UFERCO analizará, según comunicado oficial, la eventual interposición de un recurso de apelación para la recalificación del delito a uno de los emplazados, quien fungió como administrador de hecho de la oenegé ligada al caso de corrupción “Red de Diputados”.