Narco política, el caso que pone en evidencia el financiamiento del narcotráfico a las campañas políticas en Honduras

Por: Alessandra Bueso / Periodista del CESPAD

8 de octubre, 2020

Los hilos del narcotráfico que permean el financiamiento de las campañas políticas en Honduras, comenzaron a conocerse cuando salieron a la luz los pactos que se generaron desde la extinta Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), institución desde donde se adjudicaron más de 68 millones de lempiras (cerca de 3 millones de dólares) para la construcción de obras de infraestructura que nunca se ejecutaron. El caso Narcopolítica, que documentó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), evidencia cómo se crearon empresas y cómo muchos funcionarios públicos  incumplieron sus deberes y violentaron leyes para financiar, con dinero del narcotráfico, campañas políticas.

Tras meses de investigaciones que iniciaron con las declaraciones brindadas por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, en el 2017, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de su entrega a la justicia en los Estados Unidos, se fue desenmarañando toda la trama que se gestó cuando Porfirio Lobo Sosa (presidente 2010-2013) fue candidato del Partido Nacional, en busca de la presidencia de la República. Narcopolítica es el caso número 12  que documentó la UFECIC y que presentó ante los Tribunales Anticorrupción el 24 de mayo del 2019.

¿Cómo comienza la trama?

Colón y Olancho son los departamentos que se beneficiarían con diversas obras de infraestructura, a través de proyectos aprobados desde la SOPTRAVI. Sin embargo, para justificarlos se utilizaron fotografías de viejos proyectos e incluso, hasta los nombres de barrios y colonias favorecidas fueron inventados para sustraerse los más de 68 millones de lempiras que se desembolsaron para pagar a una de las empresas que fundó una de las estructuras criminales más peligrosas del país: Los Cachiros.

Inmobiliaria Rivera Maradiaga, Sociedad Anónima de Capital Variable (INRIMAR S.A. de C.V.), fue la empresa con la que SOPTRAVI firmó 21 contratos. 15 correspondían a proyectos u obras de pavimentación de calles en la ciudad de Tocoa, por un monto de 25. 3 millones de lempiras y seis proyectos de emergencia para la reconstrucción de calles y vados en el Departamento de Olancho, por un monto de más de 43 millones de lempiras.

Los Acusados

El caso Narco-política vuelve a la palestra pública en Honduras, luego de que este 6 de octubre del 2020, se llevara a cabo la audiencia preliminar en contra de tres de los implicados, en espera de que se dicte el auto de apertura al juicio oral y público en el proceso. Y es que del total de los 12 acusados, 11 siguen el proceso judicial y 10 gozan de medidas distintas a la prisión. De los imputados, sólo Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ex alcalde de Tegucigalpa, capital del país, guarda prisión en Honduras, específicamente en el Primer Batallón de Infantería. Mientras, Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, no forma parte de los implicados con acciones legales en su contra, en los tribunales hondureños, ya que purga una condena de 24 años en una cárcel de Estados Unidos, luego de que en septiembre del 2017 se le sentenciara por narcotráfico.

Narcopolítica es el caso número 12 que presentó ante los Tribunales de Corrupción del país la extinta MACCIH. En la actualidad, este caso es llevado por la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO), ente que reemplazó de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), fiscalía creada por la Misión.

Implicados en el caso Narcopolítica

Implicados en el caso	Cargos en su contra
1) Fabio Porfirio Lobo-Lobo	Hijo del Expresidente Porfirio Lobo Sosa, extraditado a los Estados Unidos, donde actualmente Guarda Prisión en una Cárcel Federal. Se le supone responsable, a título de autor, del delito de lavado de activos.
2) Miguel Rodrigo Pastor Mejía	Exalcalde de Tegucigalpa y exministro de SOPTRAVI 2010-2012.
3) Walter Noé Maldonado-Maldonado	Exdirector General de Carreteras en SOPTRAVI durante el periodo 2010–2014, ratificado el siguiente periodo presidencial hasta 16 de enero del 2017. Pastor y Maldonado deberán responder penalmente a título de autor de los delitos de Abuso de Autoridad, Cohecho y fraude, así como facilitación para el lavado de activos y falsificación de documentos públicos.
4) Marlon Yovany Aguilera Flores	Jefe de la Unidad Técnica de Apoyo y Seguridad Vial de SOPTRAVI.
5) Carol Ivón Pineda Baide	Laboró en la Unidad Técnica de Apoyo y Seguridad Vial de SOPTRAVI). Aguilera y Pineda responden a título de autor del delito de falsificación de documentos públicos y fraude.
6) Norberto Antonio Quesada Suazo	Gerente General de la Empresa Construcción, Asesoría y Servicio S de R.L (CONASER).

¡Habló el Cachiro!

Las explosivas declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga impactaron en la cúpula del Partido Nacional. No sólo fue el hecho de declarar que financió la campaña del expresidente Porfirio Lobo Sosa, sino mencionar los beneficios que negoció para que desde el Estado de Honduras se le otorgaran contratos a favor de su familia, creando empresas con requisitos y procedimientos que establecen la Ley, que nunca se cumplieron, para lavar el dinero que obtuvieron del narcotráfico.

A cambio, “El Cachiro” debía entregar cierta cantidad de dinero a funcionarios que desempeñaban cargos de dirección en diferentes instituciones públicas, durante ese periodo de tiempo. Las empresas que se crearon tenían como rubro principal la construcción de calles y mantenimiento de red vial no pavimentada, construcción de puentes, vados, servicios de minería, así como otras construcciones y servicios.

INRIMAR, la empresa que se constituyó el 3 de junio del 2009, se benefició con varios contratos. Se agenció de 68 millones de lempiras sin reunir los requisitos de ley. Ese era parte del acuerdo pactado al aportar económicamente a la campaña electoral del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Esa información se supo, cuando entre el 6 y el 16 de marzo del 2017, Devís Leonel Rivera Maradiaga declaró, entre muchos otros elementos, en la Corte del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, ante la Juez de Distrito Lorna G. Schofield, sobre las actividades ilícitas que realizó en Honduras. De acuerdo con datos sustraídos del requerimiento fiscal del caso, una de las situaciones que mencionó, fue el encuentro que sostuvo en Tegucigalpa “en la residencia del presidente en el barrio El Chimbo”, con Porfirio Lobo Sosa, quien le aconsejó que “creara compañías porque él iba a adjudicarnos contratos del Gobierno para pagarnos a cambio de los sobornos que le habíamos dado para su campaña”.

Durante ese periodo, Rivera dijo que dio dinero a diferentes funcionarios para obtener los contratos y así, con sus empresas, justificar proyectos de construcciones que quedaron en papel porque nunca se ejecutaron. Esto lo sabían las autoridades, pero con el soborno que se pagó a funcionarios a cargos de dirección, incluyendo ministros, en diferentes Instituciones públicas, no sólo obtuvo los contratos, también el silencio y la nula supervisión de los proyectos.

Cómo operaron

Tras asumir la Presidencia, el 27 de enero del 2010, el Presidente Porfirio Lobo Sosa, nombró como Secretario de Estado en SOPTRAVI a Miguel Rodrigo Pastor Mejía, mediante Acuerdo 06-2010. El 1 de febrero nominó como Director General de Carreteras de SOPTRAVI a Walter Noé Maldonado-Maldonado.

Luego de cinco meses de fungir en sus cargos, el 21 de junio del 2010, Devis Leonel Rivera Maradiaga, como Gerente General de INRIMAR, se presentó ante la Dirección General de Carreteras de SOPTRAVI con documentos de precalificación, para obtener la categorización de su empresa y participar en los procesos de contratación de esa Secretaría de Estado. El 4 de agosto del 2010, Walter Noé Maldonado-Maldonado, en su condición de Director de Carreteras, le notificó a INRIMAR que obtuvo la calificación y la categoría A,  pese a que nunca se integró un Comité de Evaluación para que se emitiera el dictamen técnico que estableciera que la empresa cumplía con todos los estándares profesionales para esa categoría.

Para INRIMAR no existió una resolución que fundamentara la pertinencia del otorgamiento de la Categoría A; la Ley pide comprobar los estados financieros, constancias bancarias y comerciales de los tres últimos años, al igual que la solvencia económica, técnica y profesional de una empresa. Pero INRIMAR no lo acreditó. Cuando se le otorgó la precalificación, la empresa sólo tenía un año de estar operando. Sin embargo, en la investigación, la Fiscalía detectó otras irregularidades: no se realizó la verificación de la maquinaria declarada por la empresa, ni tampoco que el equipo fuera de su propiedad; no se verificó su ubicación y tampoco se advirtió de que no contaba con la experiencia requerida por la ley, en virtud de los pocos proyectos que se adjuntaron como respaldo de las obras realizadas y ejecutadas.

Cuando INRIMAR obtuvo la Categoría A, Fabio Porfirio Lobo, quien actuaba ante SOPTRAVI como representante de esa empresa, logró que entre el 2 de agosto y el 16 de diciembre del 2010, se suscribieran, con Miguel Rodolfo Pastor Mejía, como Secretario de la SOPTRAVI, los 21 contratos de construcción de diferentes obras de carreteras en los departamentos de Colón y Olancho.

Otras empresas

En el requerimiento fiscal que fue presentado en el caso Narco-política, aparecen otras empresas que formaron parte del engranaje de corrupción. A través de ellas se suscribieron contratos para la supervisión de los supuestos proyectos que ejecutaría INRIMAR. Por ejemplo, la Empresa Ingenieros y Consultores Hércules Zúñiga S. de R.L. de C.V (INCOHZ), firmó un contrato para supervisar cinco proyectos, mientras, la Empresa Construcción, Asesoría y Servicios S de R.L (CONASER), dos contratos para supervisar 10 proyectos. Todos sumaron un monto total de L3, 794, 736. 08.

Esas empresas tenían que verificar el cumplimiento de los 15 contratos de construcción de Pavimento Hidráulico que se suscribieron para ejecutarse en diferentes barrios y colonias del Municipio de Tocoa, departamento de Colón. Los proyectos se realizarían por etapas: 1) pre-contractual, 2) contractual y 3) ejecución y recepción de las obras. Pero, llamó la atención de la Fiscalía que los tres contratos de supervisión tenían irregularidades que comenzaban desde la invitación para participar en la licitación,  la apertura de las ofertas, la evaluación de ofertas y posterior dictamen técnico, así como el acta o nota de adjudicación, firma o suscripción de los contratos; la orden de inicio de las obras, informes de supervisión y el pago único de estimaciones (incluía una solicitud de pago a constructora) o reembolsos (solicitud de pago a supervisoras), acta de recepción de las obras y su ratificación.

En la etapa pre-contractual, las primeras cinco transacciones fueron suscritos el 2 de agosto del 2010, cuando aún no se habían girado las invitaciones a los oferentes para participar en el proceso de contratación. Los restantes 10 contratos fueron suscritos el 5 de octubre del 2010 y fue entre el 27 y 28 de septiembre, que se elaboraron las Actas de Apertura de las Ofertas.  Todo esto detectó que la apertura de ofertas de los 15 proyectos de construcción y los tres, para la supervisión de obras, no se desarrolló. Pero sí se firmaron 18 actas de apertura, por los integrantes de la Comisión y los oferentes.

El 29 de septiembre del 2010, la Comisión de Análisis de la SOPTRAVI firmó los 18 dictámenes, recomendando la adjudicación de igual número de contratos. A esos dictámenes técnicos sólo se les estampó la firma, sin ningún análisis.

La Fiscalía destaca que la documentación relacionada con las 15 estimaciones únicas y tres reembolsos, así como los tres informes de supervisión y 15 actas de recepción de obras, contenían información distinta a la realidad, porque se plasmaron hechos que no se produjeron o no sucedieron. Las obras simplemente no fueron construidas, no se proveyó la ubicación exacta de dónde se construirían o pavimentarían las calles y, además, se dieron nombres de barrios que no existen en la ciudad de Tocoa.

Pese a todas las irregularidades, los pagos se tramitaron previo a elaborarse informes, describiendo el avance de obras que no existían. Tanto los empleados de la SOPTRAVI y las empresas supervisoras no inspeccionaron los proyectos. Fue hasta el año 2011 que esa secretaría de Estado envió personal a visitar los sitios donde debieron construirse las obras, detectándose que no había proyectos. Aun así, fue hasta en el 2013, cuando se conoció que “Los Cachiros” estaban en Estados Unidos, que se hizo una segunda inspección a la zona donde aparecían adjudicados los proyectos, confirmándose las irregularidades.

Las empresas supervisoras se llamaron al silencio; no podían decir nada porque también fueron seleccionadas sin cumplir los estándares exigidos por la Ley, para otorgárseles los contratos; no contaban con planos, bitácoras, georreferenciación del proyecto y, en medio de sus propias irregularidades, no advirtieron que las obras no se habían ejecutado.

Los Pagos

En el 2013, según el requerimiento que presentó la Fiscalía ante el circuito Anticorrupción, se emitió el primer pago a INRIMAR, por un monto de L9,269,350.00, acreditados a la cuenta de cheques No.01-13-002257, de Banco Continental, por el pago de seis contratos de los 15 otorgados. El pago se realizó tres años después, porque esos contratos se firmaron en 2010, sin la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

La SOPTRAVI autorizó esos pagos sin contar con una estructura presupuestaria para hacerlo, lo que significa que Miguel Rodrigo Pastor, pese a que fue informado por sus colaboradores de la imposibilidad de suscribir los contratos, los otorgó, sabiendo que al 6 de agosto del 2010 se había ejecutado el 99.30% del presupuesto vigente para esa institución estatal, por lo que la Fiscalía acredita que esa secretaría no tenía las facultades legales para suscribir esos contratos con INRIMAR.

Implicados en el caso Narcopolítica

Implicados en el caso	Cargos en su contra
7) Daysi Marina Zúñiga Méndez	Gerente General de la Empresa Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S. de R. L. (INCOHZ).
8) Lucas Jetsel Velásquez Ramos	Gerente General de la Empresa Velásquez Construcciones y Consultoría.
9) José Manuel Valladares Rosa	Gerente General de la Empresa Construcciones y Supervisión Vanvitelli, S de R.L.
10) Luisa María Fonseca Montalván	Gerente General de la Empresa Construcciones y Supervisión Vanvitelli, S de R.L.
11) Claudia Marisela Matute Colindres	Gerente General de la Empresa Profesionales de la Construcción IPC (PCM). Estos seis acusados por los delitos, a título de autor del delito de falsificación de documentos públicos y a título de cómplice necesario del delito d fraude.
12) Devis Leonel Rivera Maradiaga	Se entregó a la justicia de Estados Unidos, país donde actualmente Guarda Prisión en una Cárcel Federal. Fue socio fundador de la Empresa INRIMAR y es acusado a título de autor, por el delito de falsificación de documentos públicos, soborno doméstico y cómplice necesario del delito de fraude.

Nombres y datos sustraídos del requerimiento fiscal caso Narcopolítica.

Todas estas irregularidades sirvieron para documentar este caso, que ahora se dirime en los Tribunales del Circuito Anti-corrupción, donde fue notorio que todo fue una licitación privada y no pública como establece la ley, porque se le adjudicaron contratos a una empresa que no tenía experiencia, ni un buen perfil financiero y técnico. El caso también evidencia la sobrevaloración en los precios unitarios de construcción de los 15 contratos, ya que los precios de referencia del mercado eran más bajos que los consignados en cada contrato. La Fiscalía estimó la sobrevaloración en unos 8. 2 millones de lempiras. Pero lo más grave es que las obras no se construyeron tal como lo indica el informe de Ingeniería del Ministerio Público, es decir, que el perjuicio económico para el Estado no solo se produjo por el hecho de no construir las obras, sino también por los valores elevados que se consignaron en cada uno de los contratos

Los Decretos de Emergencia, recursos legales para drenar fondos públicos

El 30 de mayo del 2010, justificándose las consecuencias devastadoras del fenómeno climatológico “Agatha”, se aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-20-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 2 de junio del 2010. Mediante ese Decreto se declaró Estado de Emergencia Nacional para 3 regiones del país (Región Primera o Valle de Sula, Región Cuarta o Sur, Región Quinta o Lempa), para la reconstrucción de la Red Vial no pavimentada en varios departamentos.

Ese mismo año, el 6 de julio del 2010, el Gobierno aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 16 de julio del 2010, para declarar Estado de Emergencia Nacional para el Departamento de Olancho y cumplir así el compromiso de adjudicar, en esa zona del país, contratos a Devís Leonel Maradiaga.  Cabe señalar que el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), determinó que «Agatha», azotó con mayor fuerza en los departamentos de Valle, Choluteca, Ocotepeque, Francisco Morazán (Distrito Central), Cortés (Villanueva). Es decir, la emergencia no azotó con tanta intensidad a Olancho y pese a eso, emitieron el decreto.

En total, INRIMAR ejecutó obras de reconstrucción mediante seis contratos de Emergencia. Y según el Ministerio Público, antes de que iniciara el proceso de contratación, Miguel Pastor entregó a sus colaboradores los montos, lugares donde se ejecutarían los contratos de emergencia, incluso, los nombres de las empresas a los cuales debían adjudicarse los contratos. Las presiones para obtener los pagos, por parte de Devís Leonel Maradiaga y Fabio Porfirio Lobo eran fuertes. Pastor no tuvo más remedio que enviar un oficio al Secretario de Finanzas, solicitando el desembolso de esos contratos adjudicados a INRIMAR, en el Departamento de Olancho.

El proyecto aprobado por el Decreto de Emergencia, reconstruiría vados en los municipios de Salamá-Jano y Catacamas. Sin embargo, no se encontró ninguna obra civil de drenaje, es decir, no se encontraron vados. Lo más parecido fue una caja puente.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por otro lado, detectó que las fotos que se incorporaron para acreditar la ejecución de la obra eran del Informe de Supervisión de un vado del Municipio de La Libertad, en el Departamento de Comayagua y por esto la Empresa Vanvitelli, al ser requerida, informó al TSC que las fotos fueron agregadas por error, ya que se confundieron con fotografías de una empresa hermana denominada SECOAGRO.

La piñata de contratos y fondos aprobados no fue una equivocación u omisión de los funcionarios públicos. Fueron irregularidades pactadas mediante 15 contratos de pavimentación y tres informes de supervisión, así como en los seis contratos de emergencia y los contratos de supervisión otorgados para supervisarlos.  Narco-política evidencia colusión, soborno, sobrevaloración y pactos para defraudar al fisco, para facilitar el lavado de activos desde el Estado, a la estructura Criminal denominada “Los Cachiros”. Este caso muestra cómo se hizo posible que bienes o dineros, producto del narcotráfico, fueran ocultados mediante actividades con apariencia lícitas, para introducir esos fondos al sistema Financiero Nacional sin levantar sospechas.

INRIMAR logró posicionarse con un perfil aceptable, que lo convirtió en un ente sujeto de crédito ante las instituciones bancarias, algo que le permitió mezclar dinero proveniente del narcotráfico. Y es que los contratos compraron voluntades y tal como lo plantea el requerimiento, “Los Cachiros” le arrendaron helicópteros por medio de paquetes de vuelo, a partir de marzo del año 2010 y hasta septiembre del 2012, a Miguel Rodrigo Pastor para que se transportara. Eso comenzó a ocurrir, incluso, antes de que se firmaran los contratos.

Según el requerimiento Fiscal, el exministro de SOPTRAVI recibió dinero del narcotráfico. En alguna ocasión le “entregaron a Miguel Pastor, dinero con origen del narcotráfico en sumas que variaban entre cuarenta mil dólares ($ 40,000.00) y trescientos mil a seiscientos lempiras mensuales, montos que eran entregados para financiar su campaña política (precandidatura presidencial año 2012)”.

El caso Narcopolítica sigue su curso en los juzgados correspondientes. Lo que hasta ahora se documenta, según el Ministerio Público, evidencia cómo se orquestó uno de los pactos con el cual la narcoactividad penetró la infraestructura del Estado.

Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/a del reportaje y del CESPAD.