La UFECIC y la MACCIH presentaron un requerimiento fiscal contra 38 personas, entre diputados, altos funcionarios, empresarios y personas particulares que drenaron 282 millones de lempiras ($12 millones), de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG), a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.

Se dictó auto de formal procesamiento a los 27 acusados. A 23 se le dictan medidas distintas a la prisión preventiva; a Jacobo Regalado Weizenblut (secretario de la SAG) se le decretó prisión preventiva y se le dictó sobreseimiento definitivo a Mario Rolando Suazo y a Mario Edgardo Suazo, mientras, a William Chong Wong, por extinción de responsabilidad penal.

El Ministerio Público apeló la resolución de la Juez Lidia Álvarez Sagastume, quien recalificó los delitos para 22 imputados y cambió el delito de lavado de activos por el de “encubrimiento por receptación”.

La defensa de Sixto Pineda, uno de los implicados, presentó un recurso de apelación. El Ministerio Público también presentó un recurso de apelación contra el sobreseimiento dictado a Elvin Ernesto Santos Lozano.

El Ministerio Público presentó un nuevo recurso de apelación, por considerar que la resolución de la jueza natural violentó el debido proceso.

El Ministerio Público presentó un recurso de amparo contra la resolución del 19 de junio del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones, que declaró sin lugar el recurso de apelación contra la resolución dictada en audiencia inicial.

Se interpuso un nuevo recurso de amparo por parte del Ministerio Público contra la resolución del 19 de junio de 2020, dictada por la Corte de Apelaciones.

Se celebró audiencia preliminar y se resolvió elevar a juicio oral y público el proceso contra Jacobo Regalado, Norma Montes y Laura Haydé Arita.

La Sala de lo Constitucional apreció los recursos de mérito, que se dirigen contra un mismo acto y dispuso acumular esas acciones. Se declararon sin lugar las solicitudes de suspensión del acto reclamado y se ordenó dar vista de los autos, por el término de 48 horas.

La Sala de lo Constitucional confirmó los sobreseimientos definitivos otorgados a la mayoría de acusados en el Caso Pandora, desestimando cinco recursos de amparo que se interpusieron a lo largo del proceso.