El 15 de junio de 2018, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), acusó a 38 personas de haber participado en el desvío de 282 millones 016 mil lempiras de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, (SAG), unos 12.5 millones de dólares.

Se trató, de acuerdo con la investigación, de una red criminal en la que estaban involucrados diputados, políticos, funcionarios y ex funcionarios públicos; personas particulares y empresas que sacaron ese monto de dinero para su uso personal y financiar campañas políticas.

La investigación que hizo la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, develó que el dinero desviado fue usado para financiar las campañas políticas entre el 2009-2013 y para que tuviese una apariencia de legalidad se hizo uso de al menos 8 convenios firmados con las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.

Entre los acusados se enlistó a los entonces diputados del Congreso Nacional, (CN), Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Celín Discua y Rodolfo Irías Navas. De igual forma, se vinculó en el acto de corrupción a Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos (esposo de Hilda Hernández, hermana del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández). Asimismo, a Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir y Arnold Gustavo Castro Hernández. De igual forma, a Franklin Erick Toruño Colindres, Josué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales, Félix Francisco Pacheco Reyes, Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Velkys Rosibel Hernández, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.

¿Cómo se conoce el caso?

En un inicio, estos hechos fueron denunciados por el inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, Pietro Dibattista, quien develó la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas.

Dibattista dijo a las autoridades que los recursos que se depositaron a la fundación que lleva su apellido, provenían de la SAG y de la Secretaría de Finanzas. Pero luego se conoció que también se utilizó la fundación Todos Somos Honduras, estructura a la que se le depositó parte del dinero de los fondos para supuestamente desarrollar esos proyectos sociales. Finalmente, el dinero de las fundaciones fue depositado en las cuentas bancarias de personas particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y Partido Liberal (PL).

Una auditoría que realizó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), develó que la SAG erogó 79.3 millones de lempiras a la Fundación Dibattista, mediante dos convenios. Mientras que, a Todos Somos Honduras se le transfirieron 157.6 millones de lempiras, a través de seis convenios.

Los convenios, en teoría, estaban destinados para fomentar el desarrollo en Honduras, en el llamado corredor seco y otras regiones del país, a través de la ejecución de proyectos de capacitación agrícola para productores, asesoramiento técnico y programas para emprendedores. Asimismo, para apoyar al desarrollo de jóvenes y mujeres/madres solas, jefas de hogar.

Entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la UFECIC, la MACCIH, y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), se estableció que con los fondos se financió la «tarjeta cachureca», un proyecto ejecutado por el Partido Nacional, mediante el cual se entregaron recursos a coordinadores de campaña de ese partido político y que se utilizaron en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013, entre otros eventos.

El avance del caso

Luego de llevarse a cabo un largo juicio contra los implicados en el caso Pandora, en agosto del 2020, la Corte de Apelación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de un tribunal especial, dictó sobreseimiento definitivo a favor de al menos 22 implicados en el caso de corrupción denominado “Pandora” dejando solo a cuatro de los imputados con la medida de prisión: Jacobo Regalado, Laura Arita, Velkis Hernández y Norma Keffy Montes.

El Ministerio Publico había presentado cinco acciones constitucionales de amparo que fueron desestimadas por el Poder Judicial, pero en febrero del 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió un fallo mediante el que confirma los sobreseimientos definitivos otorgados a la mayoría de los acusados en este caso de corrupción.

De esta forma, las élites corruptas, confabuladas con el Poder Judicial, blindan uno de los actos de corrupción más evidentes y detestables en la historia de Honduras. Con su actuación, el sistema judicial sentó un precedente nefasto que evidenció la manera en cómo garantizar la impunidad en este país.