El 11 de diciembre del 2018, algunos diputados electos para el período 2014-2018 y varios excongresistas fueron señalados de malversar 21.1 millones de lempiras a través de la asociación “Planeta Verde”. Arca Abierta le denominó a este caso de corrupción la Misión de Apoyo contra la Corrupción de la Impunida (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC).

Los imputados fueron Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López y Milton Jesús Oseguera. Además, Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez-Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera y Óscar Arturo Álvarez Guerrero.

También se implicó a Gregorio Alberto González Rivera como extraneus. Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talboth Villatoro, José Alejandro Flores Zúñiga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo, como cómplices del delito de malversación pública.

La UFECIC/MP presentó un requerimiento fiscal por el delito de malversación de caudales públicos contra este grupo de personas integrado por diputados propietarios, suplentes, familiares de los implicados y terceros, acusados de saquear 21,100.000 lempiras ($879.000) de Casa Presidencial, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), a través de la Asociación Planeta Verde.

De acuerdo a la investigación de la MACCIH y la UFECIC, el saqueo se consumó en el año 2015, luego que el presidente Juan Orlando Hernández autorizara las transferencias de los recursos económicos a la SEFIN, y de esta secretaría a la Asociación Planeta Verde.

Hasta la fecha no se ha presentado requerimiento fiscal contra las autoridades que gestionaron las transferencias, en este caso el ex gobernante, Juan Orlando Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato. 

 El Caso

En el año 2015, varios diputados propietarios y suplentes del Congreso Nacional solicitaron al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que instruyera a la Secretaría de Finanzas para que, mediante el Programa de Asistencia Social del Gobierno, se asignaran fondos para el financiamiento de proyectos de interés social destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños.

Estos proyectos serían ejecutados en diferentes departamentos del país, entre ellos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde (APV).

Los fondos, provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la Asociación Planeta Verde fueron depositados directamente en las cuentas personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a sus familiares y terceras personas.

La organización no gubernamental Asociación Planeta Verde se creó en medio de un plan preconcebido de corrupción, dijeron las autoridades en su momento, que permitía a las y los involucrados la apropiación fácil del dinero debido a que la oenegé era una organización de fachada y muchos de los proyectos no formaban parte de los objetivos para los que se creó.

Este caso evidenció los mecanismos que históricamente se han utilizado para sustraer fondos públicos, a través de organizaciones no gubernamentales de maletín, que va a dar a las cuentas bancarias de congresistas, funcionarios y ex funcionarios públicos que utilizan la pobreza de la población, como excusa para robar.