El 18 de marzo de 2019, 10 personas fueron acusadas de defraudar al Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por varios millones de lempiras. Esta es la primera línea de trabajo que investigó el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III y que hizo pública Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

De acuerdo con la investigación, los acusados formaron parte de una red de corrupción que defraudó al Estado de Honduras, utilizando a la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER), de la ENEE, al invitar a varias empresas que estaban relacionadas entre sí, para que presentaran ofertas para el equipamiento de la Unidad de Viviendas del Campamento Base en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, a las que se les asignó contratos millonarios sobrevalorados, obviándose los procedimientos legales establecidos.

Este caso evidenció las categóricas irregularidades en el proceso de adjudicación, sobrevaloración de bienes objeto del contrato de suministro, en algunos casos en hasta un 149% del valor que tenían en el mercado. Revela, también, la falsedad en la recepción de bienes, con el objetivo de que fueran pagados sin que existiera una entrega real de los mismos. Y muestra, al final, la colusión en la conformación de empresas a fin de defraudar al Estado hondureño.

El requerimiento fiscal que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue en contra de Gabriel Prieto Gutiérrez (director ejecutivo de la UEPER), por los delitos de fraude, abuso de autoridad y dos (2) delitos de falsificación de documentos públicos; Juan José Villeda Mejía, por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, y cohecho.

También, contra Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Luisa Sofía Figueroa Claré y Elia Virginia Medina Zúñiga, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Asimismo, contra Waldina Lizzette Salgado Pérez (tenía el control de hecho de la empresa Lutopas), y Francisco Arturo Mejía por los delitos de fraude y Soborno Doméstico; Ada Amalia Puerto Ramírez (agente externo de Ergo Limited) y Suyapa Lorena Rivera (representante legal de Prefabricados de la Madera Sarahí (empresa creada pero que nunca entró en operaciones), por el delito de fraude en el grado de complicidad.

En el caso se vinculó a las empresas Lutopas, Ergo Limited S.A. de C.V., y Prefabricados de madera Sarahí, S. de R.L., las que presentaron ofertas en el proceso de “Contratación para el Equipamiento de las Unidades de Vivienda y Oficinas en el Campamento ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III.

Las investigaciones encontraron una serie de irregularidades, comenzando por la vinculación existente entre las empresas invitadas a ofertar por medio de nexos familiares y comerciales pre existentes entre sus socios. También se develaron irregularidades en el proceso de adjudicación, entre las que se citan que la comisión evaluadora para la contratación de suministros no ejerció ningún control sobre la escogencia arbitraria de empresas invitadas a ofertar, ni realizó estudio comparativo de los bienes ofertados con las oportunidades y precios existentes en el mercado.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones establecen que las personas implicadas conformaron empresas y se coludieron con funcionarios públicos de las instituciones involucradas a fin de defraudar al Estado hondureño.