El 19 de noviembre del 2018, el equipo Integrado de Investigación y Persecución Penal Público, compuesto por fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), con apoyo de expertos, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra los diputados: Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

Este requerimiento fiscal fue el resultado de la investigación realizada en seguimiento al requerimiento presentado el 24 de mayo del 2018, contra los diputados del Congreso Nacional (CN), José Tomas Zambrano, y Román Villeda Aguilar.

Con esta acción, la MACCIH buscó probar que Rivera Callejas y Medina Galo aprobaron, de forma irregular, la Ley de Presupuesto, con lo que habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favorecería a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos.

El origen de este caso

El caso de corrupción “Pacto de Impunidad”, se originó el 11 de diciembre del año 2017 cuando la UFECIC, con el apoyo de MACCIH, presentó un requerimiento fiscal en el caso “Red de Diputados” contra los diputados del Congreso Nacional Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez-Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus[1], por el delito de Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.

La audiencia inicial contra los implicados en Red de Diputados se encontraba en curso, cuando el 18 de enero del 2018 (un mes y varios días después), el Congreso Nacional modificó, por adición, la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017, contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018.

En esa modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados, y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el plazo de tres años.

Debido a esa reforma, en enero de 2018, se decretó el archivo administrativo de la causa denominada “Red de Diputados”, argumentando que no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de Malversación de Caudales Públicos.

El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de presidente y secretaria del Congreso Nacional.

Debido a este hecho, se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una Fe de Erratas (25 de enero de 2018), que se publicó el día 26 de enero en el Diario Oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de “un simple error” y no de un presunto acto premeditado que, para ese momento, ya había provocado consecuencias jurídicas.

Sin embargo, la “fe de errata” continuó con modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió realizar la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno.

[1] Persona que interviene en un delito especial y no reúne la condición personal exigida por el tipo, para ser autor de dicho delito.