Línea de Tiempo
El caso “Pacto de Impunidad” se originó del caso “Red de Diputados”, mediante el que se acusó a los diputados al Congreso Nacional Augusto, Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez-Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y tres extraneus (persona que interviene en un delito especial y que no reúne la condición exigida para ser autor del dicho), del delito de malversación de caudales públicos, relacionado al manejo de fondo sociales.
Se presentó un requerimiento fiscal contra lo José Tomás Zambrano, por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de Gobierno. asimismo, contra Román Villeda Aguilar, por los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de Gobierno.
La MACCIH halló indicios de la aprobación anómala de reformas a la Ley del Presupuesto, que vinculan a Zambrano y a Villeda, para favorecer a los diputados que estaban siendo procesados por el manejo de fondos públicos, también los que podrían ser investigados por similares hechos. Con estas reformas se benefició a los implicados en el caso Red de Diputados.
La MACCIH halló indicios de la aprobación anómala de reformas a la Ley del Presupuesto, que vinculan a Zambrano y a Villeda, para favorecer a los diputados que estaban siendo procesados por el manejo de fondos públicos, también los que podrían ser investigados por similares hechos. Con estas reformas se benefició a los implicados en el caso Red de Diputados.
Se realizó la audiencia inicial contra José Tomás Zambrano Molina y Román Villeda Aguilar, en donde se evacuó la prueba.
El Juez Natural decretó auto de formal procesamiento contra Román Villeda y dictó sobreseimiento definitivo a favor de José Tomás Zambrano Molina.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación ante la resolución decretada por la Juez Natural, por el sobreseimiento definitivo dictado contra Zambrano Molina.
La Corte de Apelaciones confirmó, parcialmente, el 27 de junio del 2018, el auto de formal procesamiento de Román Villeda Aguilar por los delitos de abuso de autoridad por violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos, pero modificó la acusación por el delito contra la forma de gobierno, declarando “sin lugar” la apelación interpuesta por el representante del Ministerio Público, y declarando “con lugar parcialmente”, la apelación de las defensas.
El Ministerio Público interpuso un recurso de reposición contra la resolución decretada por la jueza natural.
La UFECIC-MP, con apoyo de expertos de la MACCIH, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, también por considerárseles presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Este requerimiento fiscal buscó probar que Rivera Callejas y Medina Galo, también estaban vinculados con las reformas aprobadas a la Ley de Presupuesto, para favorecer a los diputados acusados y procesados por el mal manejo de fondos públicos, y a los que pudieran ser investigados a futuro.
Se presentó requerimiento fiscal contra los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo por falsificación de documentos y contra la forma de Gobierno.
Se realizó la audiencia de declaración de imputado contra Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo.
Se realizó la audiencia inicial contra Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, evacuando todos los medios de prueba en el caso.
Se emitió la resolución de la audiencia inicial, en la que el Juez Natural decretó sobreseimiento definitivo para Antonio César Rivera Callejas y auto de formal procesamiento para Sara Ismela Medina Galo, con medidas distintas a la prisión.
El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación por el sobreseimiento definitivo a favor de Antonio César Rivera Callejas.
La Corte de Apelaciones Natural Designada declaró sin lugar los Recursos de Apelación interpuestos en todos sus agravios y pretensiones, del Ministerio Público.
El Ministerio Público interpuso un recurso de reposición contra la resolución del 7 de mayo del año 2019, porque la Corte de Apelaciones declaró sin lugar los Recursos de Apelación.
El Ministerio Público interpuso un recurso de amparo por la resolución emitida por la Corte de Apelaciones.