En el mes de diciembre del 2017, Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama de Honduras, se presentó a la entonces Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, para conocer sobre una fuerte denuncia en su contra, publicada en los medios de comunicación, relacionada con una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la información que trascendió en ese momento, la UFECIC, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias en lempiras y dólares de la ex primera dama.

Las acciones de congelamiento se originaron en las indagaciones contra Bonilla de Lobo, por la supuesta sustracción irregular de un poco más de 12 millones de lempiras (unos 510 mil dólares) de la cuenta de la oficina del despacho de la primera dama, a una cuenta personal, seis días antes que su esposo dejara la presidencia de la República, el 27 de enero del 2014.

Bonilla Ávila declaró a los medios de comunicación que decidió presentarse “para ver cuál era el problema, porque no le debía nada a nadie y que comparecía en su condición de hondureña para responder cualquier tipo de dudas”.

La captura

El 28 de febrero de 2018, Bonilla de Lobo fue capturada por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en su residencia en El Chimbo, aldea perteneciente al municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, acusada de extraer, de forma irregular, 12.2 millones de lempiras y pasarlos a su cuenta personal.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó en ese momento la línea investigativa contra Rosa Elena de Lobo. Los delitos imputados en su contra fueron malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos. En el caso se involucró a Saúl Fernando Escobar Puerto (su secretario privado), y también se arrestó al cuñado de la ex primera dama, Manuel Mauricio Mora, esposo de Gisela Patricia Bonilla Ávila, a quienes se les acusó de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos.

El primer juicio

El primer juicio a la ex primera dama y su ex secretario Escobar se llevó a cabo en febrero de 2019, y en septiembre de ese año fueron condenados a 58 y 48 años de cárcel, respectivamente. Pero el 13 de marzo del 2020, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, resolvió anular la sentencia de ambos y ordenó la realización de un nuevo juicio, aduciendo un mal procedimiento en el desarrollo del primer proceso.

Bonilla de Lobo fue liberada luego de cumplir el tiempo que establece la ley de prisión preventiva y se ordenó que permaneciera en su hogar bajo la custodia de sus apoderados legales, con la prohibición de salir del país mientras se no se desarrollase el segundo juicio.

El segundo juicio

El 1 de febrero del 2022, la ex primera dama hondureña llegó al Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema, para el inicio de la repetición del juicio en su contra por ocho delitos de fraude y uno de apropiación indebida.

El juicio estaba programado para el 20 de julio de 2021, pero fue suspendido debido a que parte del equipo de fiscales de la causa estaba contagiado de COVID-19. El nuevo proceso también involucró a Saúl Fernando Escobar, quien fue secretario privado de Bonilla y estaba acusado de tres delitos de fraude.

El 17 de marzo, un tribunal de Tegucigalpa la declaró culpable de delitos de corrupción y la condenó en el nuevo juicio como “coautora de un delito de fraude continuado en perjuicio de la administración pública, conforme con lo establecido en el artículo 482 del Código Penal”.

El 28 de marzo del 2022 se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena. Los Jueces determinarían el tiempo que Bonilla de Lobo deberá cumplir en prisión. Sin embargo, un recurso interpuesto está pendiente de resolverse en la Corte Suprema de Justicia, que impide que el Tribunal con Jurisdicción Nacional determine la condena de Bonilla. Hasta que no se concrete la resolución, no se conocerá la pena que cumplirá en prisión.

La ex primera dama, quien podría enfrentar una pena de más de 16 años de prisión, también fue declarada culpable “como coautora de un delito de apropiación indebida continuada en perjuicio del patrimonio”. Su exsecretario privado Saúl Escobar también fue declarado culpable por un delito de fraude a título de coautor en perjuicio de la Administración Pública.

Hasta antes de Bonilla de Lobo, ninguna ex primera dama de Honduras había sido investigada y llevada ante los tribunales de justicia, por actos reñidos con la ley, debido al manejo de fondos que, desde siempre, han hecho las mujeres que han sido esposas de los presidentes electos. Es, sin duda, un hecho histórico que deja un precedente en la investigación y persecución de la corrupción en este país centroamericano.