Línea de Tiempo
La UFECIC y la MACCIH presentaron un requerimiento fiscal contra 12 implicados en Narcopolítica, un caso que sacó a la luz pública los pactos que se generaron desde la extinta Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), institución desde la que se adjudicaron más de 68 millones de lempiras (cerca de 3 millones de dólares) para la construcción de obras de infraestructura que nunca se ejecutaron.
El dinero sustraído de la SOPTRAVI sirvió para financiar campañas políticas. Narcopolítica se le llamó a este por el cual se decretó detención judicial a Miguel Rodrigo Pastor Mejía (ex director de SOPTRAVI), Walter Noé Maldonado-Maldonado, y Daysi Marina Zúñiga Méndez, acusados de delitos de abuso de autoridad, lavado de activos, cohecho, soborno doméstico, falsificación de documentos públicos y fraude.
La investigación penal de la UFECIC-MP y la MACCIH, reveló el lavado de dinero del narcotráfico a través de 21 contratos de SOPTRAVI, otorgados a la empresa INRIMAR del grupo Los Cachiros, por 68 millones de lempiras. En esa fecha también se dictó detención judicial a Claudia Marisela Matute Colindres y José Manuel Valladares Rosa.
Por haber filtrado información reservada en el caso Narcopolítica, la UFECIC, recusó ante el juzgado Penal en Materia de Corrupción, a la jueza Águeda Isabel Canelo Portillo, quien conoció el caso Narcopolítica. La audiencia para dilucidar este aspecto no se llevó a cabo.
La UFECIC presentó un escrito de recusación contra la jueza y, de nuevo, se suspendió la audiencia hasta que la Corte de Apelaciones se pronunció al respecto.
Se dictó auto de formal procesamiento contra Miguel Rodrigo Pastor Mejía y Walter Noé Maldonado por suponerlos responsables, a título de autores, del delito de abuso de autoridad, un delito de cohecho, 30 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. También contra Daysi Marina Zúñiga Méndez, José Manuel Valladares Rosa, Claudia Marisela Matute Colindres, todos con la medida cautelar de prisión preventiva.
La jueza en materia de corrupción de la CSJ, decretó detención judicial a Carol Ivón Pineda Baide y Luisa María Fonseca Montalván, dos personas que se presentaron voluntariamente en los juzgados, señaladas por el caso Narcopolítica. Pineda fue acusada por dos delitos de fraude y falsificación de documentos, mientras que Montalván, de complicidad.
Se decretó auto de formal procesamiento para Carol Ivón Pineda Baide, con la medida cautelar de prisión preventiva, y a Luisa María Fonseca Montalván sobreseimiento definitivo.
Las defensas de los acusados presentaron un recurso de apelación para que se reforme o revoque el auto de formal procesamiento decretado, el 30 de mayo, contra cinco de los 12 acusados.
La Corte de Apelaciones declaró sin lugar, el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía.
La jueza revocó a Miguel Rodrigo Pastor Mejía, a título de autor, de 21 delitos de fraude y 18 delitos de falsificación de documentos públicos; ordenó sobreseimiento definitivo y confirmó el auto de formal procesamiento por el delito de Cohecho y un delito de facilitación para el lavado de activos.
La jueza dictó sobreseimiento provisional por el delito de facilitación para el lavado de activos, por 45 delitos de falsificación de documentos públicos, cohecho, abuso de autoridad. Se confirma el auto de formal procesamiento a título de cómplice por 21 delitos de Fraude.
La Corte de Apelaciones revocó la medida cautelar de Prisión Preventiva a Walter Noé Maldonado-Maldonado, Carol Ivón Pineda Baide, Daysi Marina Zúñiga Méndez, José Manuel Valladares Rosa y Claudia Marisela Matute Colindres y ordenó medidas cautelares sustitutivas.
La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por la defensa de Miguel Pastor, para el cambio de medidas de la prisión preventiva.
El Ministerio Público interpuso recurso de reposición contra lo resuelto el 20 de septiembre por la Corte de Apelaciones.
La Corte de Apelaciones declaró, de nuevo, sin lugar, el recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía.
El Ministerio Público interpuso recurso de amparo contra la resolución de la Corte de Apelaciones, emitida el 20 y 25 de septiembre de 2019, por no garantizar la regularidad procesal debida.
El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción ordenó cambio de medidas para Miguel Pastor, prohibiéndole salir del país, visitar las instalaciones de INSEP, y se estableció la caución de un bien inmueble valorado en más 20 millones de lempiras. Pastor se defiende en libertad.
La Fiscalía formalizó un Recurso de Amparo contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, emitida el 21 de agosto y el 4 de septiembre del 2020, que reformó y revocó el auto de formal procesamiento de acusados en el caso Narcopolítica.