12 de abril, 2021

Víctor Fernández encabeza la defensa de uno de los casos más complejos en su carrera: el crimen de la lideresa indígena Berta Cáceres. Sin embargo, este abogado se enfrenta a estructuras de poder en Honduras que maniobran para evitar que la investigación alcance a empresarios de alto nivel, que presuntamente están vinculados al crimen. El CESPAD conversó con Fernández y nos cuenta cómo, a nombre de las víctimas, se le han cerrado las puertas para conocer los avances de la investigación, se decretó en reserva en el caso e incluso, en el juicio, ha habido prácticas que violentan convenios internacionales y leyes nacionales en materia de derechos humanos.

Hasta el momento ha liderado, como defensor de la familia Cáceres, un juicio que ha dejado a siete autores materiales condenados a pagar varios años de prisión. Pero Fernández dice que no se siente satisfecho con los logros obtenidos porque el camino para llegar a los autores intelectuales aún se percibe lejano y complicado. De hecho, una de las piezas claves y de peso, David Castillo, acusado de ser uno de los autores intelectuales, comenzó la audiencia del juicio oral y público en su contra. Su resultado probablemente decida el futuro de quienes ordenaron, desde otras estructuras, el crimen de Cáceres.

Antes de conversar sobre los hechos actuales que marcan el juicio Berta Cáceres, hablamos en retrospectiva con Fernández para retrotraer cómo se planificó su muerte, la vinculación con las estructuras empresariales y la colusión de un Estado que inicialmente trató de maquillar su crimen; un Ministerio Público que con frialdad ha manejado un caso antecedido por más de 30 denuncias de amenazas y agresiones, y que tocó lo más profundo de las raíces de un pueblo que no desmayará hasta que paguen los que ordenaron su crimen.

CESPAD (C)-. ¿Cómo iniciaron los ataques de la empresa DESA hacia el COPINH y Berta Cáceres?

Víctor Fernández (VF)–. Fue una escalada intensa en contra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización que en ese tiempo sonaba con más fuerza y luego contra Berta y otros líderes de la organización. La empresa DESA entró en una especie de desesperación porque el modelo de resistencia que instaló el COPINH y Berta Cáceres fue radical, determinado. Eso originó el expediente de las denuncias, de las amenazas, de la guerra de baja intensidad que se instaló en el corredor donde impacta este proyecto.

Luego se acudió a las otras formas de persecución, criminalización, de muestras de poder de la empresa con sus abogados y abogadas. Berta Cáceres siempre mostró una posición indiferente frente a lo que la empresa pudiera hacer. Lo mostró frente al poder que exhibía con instituciones como la policía o los militares. Así era ella, con un  pulso muy fuerte. Teníamos una estrategia de representación procesal del COPINH, de ella con acompañamiento internacional. Berta Cáceres, en los últimos meses de enero del 2016, pensaba seriamente en el tema de las amenazas. Ella notó un ascenso y entendió que había una opción real de un posible atentado en su contra.

C: ¿El Estado no la protegió?

VF: Ese tema siempre cursa por esta contradicción: ¿quién provoca la mayoría de casos, quién coloca en situación de riesgo a las personas? Es el Estado, sea por acción o por omisión. En este caso fue por acción, pues Bertita había sido perseguida. Se hicieron montajes y qué hizo la fiscalía, el Ministerio Público, colocar evidencias en su vehículo para procesarla. Tuvo dos procesos que incluyó, uno, la agresión de un policía en La Esperanza.

Recuerdo bien el encontronazo que tuvo con él. Todas esas son condiciones para imponer medidas cautelares, pero el mecanismo, la instancia que protegía a Bertita, era la Secretaría de Seguridad, los policías del sistema de justicia. Eso marca una contradicción muy notable: te protege quien te agrede  y te pone en una situación de riesgo.

La última comunicación que tiene Bertita, minutos o segundos antes de su asesinato, es el enlace policial que tenía a su cargo, entonces, aquí hay de hecho. Nosotros tenemos iniciado un proceso para que se determine la responsabilidad que tiene esta estructura y estos funcionarios del Estado de Honduras. Y lo que está claro es que en lugar de protegerla hay indicios que desde esa función de protegerla tuvieron acceso los funcionarios del Estado a información calificada de Bertita. Esto finalmente contribuyó a aumentar la situación de riesgo y desencadenar el asesinato en los términos que se produjo. De hecho, los actores vinculados son: la empresa DESA y los militares que participaron. Se marca una confabulación con actores estatales y luego, no sólo para preparar y ejecutar el asesinato, sino para asegurar la impunidad. 

Una de las informaciones relevantes que sale en las comunicaciones, es que los Policías que hicieron el reconocimiento del cadáver de Bertita, fueron los que filtraron el informe del reconocimiento del cuerpo sin vida de Bertita. Lo filtraron a la estructura de seguridad de la empresa DESA.

C: ¿Por qué el Ministerio Público les cierra el espacio como defensa?

VF: Hay que decir que otro de los elementos que se puede interpretar como círculo de la impunidad, que se activa tras el asesinato, es el cierre que hace el Ministerio Público, el sistema de Justicia, para tomar control del caso.

Hay unas intervenciones de las víctimas, de los familiares, a través de los equipos de abogados que hemos participado desde los primeros momentos del asesinato  y también de los funcionarios del Estado. La primera petición, por ejemplo, es que un médico autopsiante de confianza participara en la observación de la autopsia, pero eso nunca se resolvió. Ni nosotros, ni las víctimas, nunca tuvimos acceso a la grabación, en video, de la autopsia. Eso nos aseguraba que la autopsia fuera hecha cumpliendo todos los estándares que corresponden.

Fue una lucha intensa en toda esa fase; en este momento jugó un papel decisivo Gustavo Castro, quien fue sobreviviente del asesinato. Su denuncia, su riesgo, fue clave, porque pretendían vincularlo en el caso aduciendo que era una de las líneas de investigación que tenían. Pero él, un sobreviviente, con esa legitimidad y aún con el riesgo, empezó a abrir un panorama distinto en el caso y a forjar, junto al COPINH, la comunidad internacional y las organizaciones, un panorama diferente que mostró que no podían sumarse al guion institucional de la impunidad.

Eso ayudó, en gran medida, aunque no absolutamente, porque nos apersonamos en nombre de las víctimas para intervenir directamente en la investigación, y el Ministerio Público emitió un decreto de reserva de la investigación que sigue vigente hasta la fecha. Pero hemos acudido a todas las instancias judiciales en amparo y se resolvió en todas las instancias que la investigación está cerrada para las víctimas.

Esto va en contrario a los convenios internacionales en materia derechos humanos, va contrario a la legislación nacional. Este es un pulso constante. Insisto, lo que se instala en este tipo de casos es el modelo de resistencia territorial 24/7. Lo que suele suceder es que ese modelo se instala en la institucionalidad y es la denuncia diaria, la visita diaria, el reclamo, la movilización en las instituciones y en la red de solidaridad nacional e internacional que ayuda.

Transcurrió mucho tiempo para que nosotros nos enteráramos qué pasó en el asesinato de Bertita, aquella noche del 3 de marzo del 2016. Pasó casi un año, hasta en el 2017, y tuvimos acceso a la información. El Ministerio Público se resistió muchas veces a la decisión judicial, pero finalmente tuvimos esa parte de la información. Así elaboramos, junto al equipo de juristas Internacionales que nos acompañaron, este caso, la tesis de imputación de la estructura criminal que asesinó a Bertita, que incluye al menos a un miembro de la familia Atala Midence, a Roberto David Castillo y a la estructura militar y sicarial que participó hasta ese momento. De ahí se deriva la responsabilidad que tienen las otras estructuras institucionales, porque se traficó con la influencia, con policías, con militares,  con ministros, con el Presidente.

Esta ha sido una pelea intensa para tener este posicionamiento y tener abierto cerca de 20 procedimientos contra distintas instancias y personas, incluso, el sistema financiero internacional, que es uno de los casos que está en curso.

C: ¿Satisfecho hasta ahora con la condena de siete autores materiales?

VF: No, no, no. Cuesta manejar un discurso de satisfacción porque está clara la vinculación del asesinato con la estructura económica que lo hizo. Todos los que están procesados hasta ahora, por sí solos no tendrían ninguna razón para querer matar a Bertita. El militar, es un militar dedicado a su función militar; puede estar vinculado en otros crímenes, pero, ¿a cuenta de qué se involucra en el asesinato de una mujer que vive allá en La Esperanza? Eso sólo es porque alguien lo buscó.

Está claro quiénes son los autores intelectuales y pareciera que hay una determinación de casi todos los actores con poder, para que no se llegue a ellos. Estoy diciendo actores nacionales, estatales e incluso actores internacionales, de la cooperación internacional, que participan de esto. No quieren hacer un mayor esfuerzo porque eso los va a alcanzar a ellos. Llámese desde la embajada de los Estados Unidos, que es la que más peso o poder tiene; su Gobierno tenía un acuerdo de cooperación con DESA, con David Castillo. Entonces, ellos tienen razones para cerrar la búsqueda de justicia, para que no alcance a los autores intelectuales.

Si se analiza el perfil de David Castillo, es un hombre relativamente joven, un modelo de ciudadano exitoso en una sociedad como esta. Es estudiante, militar graduado en el extranjero, empresario, emprendedor, pero es en el modelo de corrupción de esta gente que tiene este éxito. Está evidenciado. De hecho hay un dossier sobre David Castillo, uno puede identificar la apuesta sistémica del ciudadano exitoso, es un ciudadano corrupto, es un ciudadano sin principios, pero con apariencia de buena persona. Pero está preso. Hay varios condenados, entre ellos un militar de alto rango vinculado a las estructuras de inteligencia de este país.

Está desenmascarada la vinculación que hay entre el crimen organizado y el modelo económico en este país. Ese es un aporte muy importante en esta causa, sin romantizarlo. Siempre se dice “no es el aporte de Bertita”, pero sí es el aporte de ella y lo pagó caro: con su  sangre.

C: ¿Hay riesgo que David Castillo salga en libertad?

VF: Es alto con todo y los indicios serios que hay de su responsabilidad. David Castillo tiene indicios más fuertes de su vinculación con el crimen que algunos de los otros que ya fueron condenados. Él aparece triangulado en el asesinato con los autores.

Pero claro, es el sujeto hasta ahora de mayor peso. Entonces, si uno lo mira en perspectiva de la ruta de una investigación de este tipo, si cae este, obligatoriamente hay que seguir subiendo. Pero si se interrumpe el proceso investigativo a este nivel, hay altísima posibilidad de que no se siga hacia arriba, hacia los Atalas, hacia los funcionarios que por omisión o por colusión pudieron participar.

Hay un despliegue muy fuerte de la empresa del sector económico por proteger a David Castillo. Hay un nivel de incidencia a nivel internacional muy fuerte, de organismos de Derechos Humanos; hay una plataforma comunicacional muy fuerte y una estrategia de  defensa empecinada en hacer todo. La defensa está superando toda forma de ejercicio ordinario en el marco de la lealtad del proceso. Lo están haciendo todo porque entienden que es fundamental parar la persecución criminal que está planteada en este caso. Entonces, el riesgo sí es alto.

C: Esta semana inició la audiencia del juicio oral y público contra Roberto David castillo. ¿Qué pasó?

VF: La defensa siguió con el mismo guion de denunciar y disputar con la fiscalía y el tribunal, aspectos que han venido denunciando como parte de su estrategia de la defensa, que tiene que ver con presentar a Castillo como víctima del sistema, de los peritos, fiscales, del tribunal de sentencia y tener una línea mediática que concite al respaldo del imputado.

El juicio se volvió a detener  porque la defensa planteo un incidente de recusación del tribunal, fuera de lo normal, fuera de un clásico planteamiento de recusación. El tribunal invocó a una especie de aplicación de normas preclusivas, es decir, de cierre del caso. Allí estamos parados.

Como acusación privada denunciamos el hecho de que no se respete el derecho de las víctimas a participar directamente de la audiencia. Es un derecho, las víctimas son un sujeto del proceso pero no se permitió el ingreso de Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres. Se le mandó a conectarse por una de las redes de transmisión del juicio. Es desafortunado el papel del Tribunal porque desprecia a las víctimas.

C: ¿Qué nuevas pruebas se presentaron en el juicio?

VF: Se introdujeron pruebas que trascienden al hecho mismo del asesinato, pruebas sobre el perfil criminal de Castillo, sus vínculos con el sector empresarial, con el modelo extractivo y cómo ese perfil le sirvió como elemento para construir una empresa fraudulenta, obtener una concesión corrupta, desarrollar una espiral de corrupción inocultable y una dinámica de violación sistemática de derechos humanos en el territorio, que eran premisas fundamentales para que se produjera la muerte de Berta.

Se introdujo una pericia con perspectiva de género, de cómo el sujeto criminal David Castillo, con sus vínculos hacia el poder económico, desarrolló un vínculo propio de un criminal peligroso, por ser militar, por su capacidad de manipulación. El acercamiento que él hizo a Bertita, el perfilamiento durante varios años, previo al crimen; la fachada de relación cordial,  amistosa, solidaria. Estamos metiendo una prueba que destaca la perspectiva de género y derechos humanos en este asesinato.

C: ¿Trascendió una transacción millonaria de un miembro de la familia Atala a Castillo?

VF: Es una prueba relacionada con transacciones financieras entre las empresas vinculadas a DESA y un par de imputados relevantes: Roberto David Castillo y Daniel Atala Midence. Se introdujo como prueba una autorización de transferencia de un millón doscientos mil dólares (USD 1, 200, 000) que se autorizó, por parte de Daniel Atala, de la empresa constructora CONCASA, para otra empresa socia de DESA, de la cual Castillo es su principal responsable. Esto ocurrió dos días antes del crimen de Bertita. Esto es una combinación empresarial, de toda la inteligencia de este tipo de crímenes con la estructura sicarial.

C: ¿Qué sigue?

VF: Estamos a la espera de que se resuelva el incidente de recusación que está turnado en la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa y una vez que se resuelva vamos a saber la postura de la defensa frente a las posturas nuestras. La postura de la defensa para proponer otras cosas. Y luego seguirá el proceso.

A nosotros nos parece muy importante la dinámica de esta semana porque irrumpe, porque está apuntando a quienes tiene que apuntar, a la autoría intelectual, que es una autoría intelectual del sector económico del país, que son los señores Atala y a otros de la estructura institucional, a los funcionarios  que se vincularon con esto. Y un desafío que tenemos es plantear el tema hacia la parte más estructural, vinculada al crimen y al Sistema Financiero que apoyó y sostuvo el apoyo, hasta estos días, sabiendo que es un proyecto lleno de corrupción, violador de derechos humanos y un proyecto que asesina gente, como Berta.

Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.

¿Sus funciones como primera dama la calificaban para recibir y administrar fondos del Estado?, ¿era o no era funcionaria pública?, ¿cuál fue la valoración que hicieron los jueces para ordenar la repetición de su proceso judicial? Ese es el eje de una discusión que podría o no, llevar de nuevo a prisión a la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo.

Los abogados defensores de Lobo de Bonilla fueron tenaces en el juicio y argumentaron hasta el cansancio que no era funcionaria pública. Pero otros analistas de la Constitución en Honduras y abogados penalistas, aseguran que sí, que fue funcionaria pública. Son del criterio que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, hizo una interpretación restrictiva durante el juicio oral y público que se desarrolló durante dos meses, en el 2019, para no calificarla como funcionaria pública.

Esta decisión pesó y fue por lo que la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), junto a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), no logró acreditar el delito de malversación de caudales públicos, que desde el inicio del proceso se le quiso imputar a la ex primera dama. Pero como no se le consideró funcionaria pública, el Tribunal la juzgó solo por el delito de apropiación indebida.

Acusarla de malversación de caudales públicos era clave

Según la investigación del binomio MACCIH-UFECIC, en los cuatro años que Bonilla de Lobo fungió al frente del Despacho de la Primera Dama (de enero del 2010 a enero del 2014), se apropió de recursos en su condición de funcionaria Pública. También alteró el patrimonio público, abusó de sus funciones y por eso el ente fiscal pedía un castigo mayor.

Si el Tribunal hubiera interpretado correctamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es parte del bloque de convencionalidad, es decir que se integra a la Constitución de la República y que tiene jerarquía constitucional, la hubieran calificado como funcionaria, dice el abogado hondureño Joaquín Mejía, al analizar este caso.

Y en relación con la valoración de la figura de funcionaria pública, agrega que “el artículo dos de esta Convención señala que una persona funcionaria pública es toda aquella persona que ocupe un cargo, sea en el Poder Legislativo, Ejecutivo, Administrativo o Judicial, sea mediante designación, elección permanente o temporal, remunerada o no, sea cuál sea la antigüedad en el cargo”.

En la Convención Internacional Contra la Corrupción dice que no se requiere, por ejemplo, que una persona que ejerza cargos públicos sea remunerada o no, para ser considerada funcionaria pública. “Cuando el propio Estado de Honduras hace transferencias de dinero público a una oficina de la Primera Dama, obviamente esa oficina se convierte en una institución ejecutora de dinero público y, por tanto, al ejecutarlo en nombre del Estado, está ejerciendo el papel de funcionaria pública”, agrega en su análisis Mejía.

Con esa interpretación tan restrictiva del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, para los analistas, lo que se hizo solo fue beneficiar a Rosa Elena Bonilla. Le dieron un tratamiento que de aplicarse en una persona común en el país, jamás se hubiera dudado en acreditarle el término de funcionario/a, por no tener el peso político, y de inmediato se le hubiera juzgado por cumplir las funciones públicas.

Pero más allá de analizar el concepto de “funcionaria pública”, lo que hay que examinar es la naturaleza de las actividades que realizó. En este caso, Rosa Elena Bonilla representó al Estado a través de una unidad que forma parte de una estructura gubernamental, específicamente del Poder Ejecutivo. Además, recibió fondos públicos que ejecutó a través del despacho que manejó por cuatro años. Toda la naturaleza de sus funciones llegaron a un mismo punto: la ex primera dama, fue funcionaria pública.

Al obviar este deber, la resolución que emitió el Tribunal “se alejó del deber de emitir una sentencia completa, con la adecuada fundamentación, violando con ello la garantía del debido proceso e incumpliendo el principio de legitimación de las decisiones judiciales que se obtiene a través de una debida y completa motivación”.

Vinculaciones

“Manejar el dinero del pueblo, no era para que se manejara como fondos piñata”, dice un Juez consultado al respecto y quien pidió al CESPAD omitir su nombre por temor a represalias. El impartidor de justicia dice que no se puede negar que Rosa Elena Bonilla manejó dinero público y que aunque nunca fue juramentada o nombrada, sí aparecía en las planillas y  devengó un salario. Todo apuntó a que era funcionaria, sugiere.

“Todos los jueces estamos obligados a ejercer el control de convencionalidad en las sentencias. Entonces, los tratados ratificados y aprobados por Honduras, forman parte del derecho interno y el tratado internacional está en un nivel superior que la norma secundaria, en este caso el Código Penal”, agregó.

Según el funcionario judicial, debió analizarse también el principio de legalidad. “Si no había claridad con el tema funcionario público, entonces se tuvo que analizar el contexto, entre normas administrativas y normas penales, porque ella era como empleada de un poder del Estado, el poder Ejecutivo, y si le estaban pagando su salario, el dinero venía de algún lado. Era una empleada pública y debió ser obligada a devolver el dinero porque desempeñaba una labor que no estaba identificada en un puesto”, explicó.

¿Quién le pagó también debió rendir cuentas?, es la pregunta que queda flotando en el ambiente. “Hay aspectos que quedaron por fuera porque la ex primera dama administró dinero del Estado sin fianza, ni nombramiento, ni fue juramentada; hay responsabilidad de parte de quien le estaba pagando y debió investigarse. Para pagar debió existir el puesto y ubicarlo”, dijo.

En conclusión, asegura el Juez, este caso merecía un reparo porque el dinero que manejó no es de los titulares de los poderes del Estado. “Es un dinero que no les pertenece, que lo administran, pero es un dinero ajeno por el que tuvieron que rendir cuentas”.

Otros aspectos

El abogado penalista Omar Menjívar también concuerda en que si Rosa Elena Bonilla de Lobo recibía un salario mensual, ese era el primer indicio para considerarla empleada o funcionaria pública. “Los jueces están obligados a valorar la prueba de manera conjunta, no puede valorar de manera aislada sino con el universo de pruebas. Interpretar, eso es clave”.

Por eso, la incorrecta interpretación del Tribunal de Sentencia llevó a que tampoco se considerará imputar el delito de lavado de activos. Los juzgadores tomaron de forma literal el artículo 373 del Código Penal, que establece que “el sujeto activo de lavado de activos debe ser un funcionario público”. “Pero no consideraron que ese tipo penal también debía aplicarse “a quienes se hallen encargados por cualquier concepto del manejo de fondos, rentas o efectos…que pertenezcan a una institución educativa o de beneficencia”, agrega Menjívar.

En el caso de Rosa Elena Bonilla, no era una condicionante que fuera funcionaria pública para acreditar el delito de lavado de activos. Lo obviaron, pese a que era aplicable a la figura de primera dama. Desde el inicio del proceso hasta el final, con el recurso de Casación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la UFECIC, insistió en este punto que no fue valorado por el Tribunal de alzada.

Un nuevo juicio, una nueva oportunidad

La Caja Chica de la Dama es el segundo caso que presentó la UFECIC y la MACCIH ante los tribunales de justicia de Honduras. Este caso de corrupción acaparó la atención de los medios nacionales e internacionales porque por primera vez en la historia de este país, una figura “intocable” como la de primera dama, era llevada a los Tribunales. La judicialización de este caso generó esperanzas entre la población porque daba visos que luchar contra los corruptos en Honduras era posible.

Ahora se está a las puertas de un nuevo juicio en contra de Rosa Elena Bonilla de Lobo, luego de que fuera decretada su repetición por la Corte Suprema de Justicia. Algunos abogados consideran esta acción como una nueva oportunidad, “para una revisión independiente de acuerdo a la prueba y alegatos. El Tribunal de Sentencia está vinculado a los alegatos y también la prueba”, discierne al respecto Menjivar.

Serán jueces diferentes, un Tribunal diferente y se espera que actúen de forma independiente, y con una correcta valoración de la prueba para determinar la inocencia o culpabilidad de la ex primera dama. Han pasado varios meses desde que se ordenó la repetición de su juicio y desde que Bonilla de Lobo aguarda en libertad el segundo proceso judicial. Sin embargo, aún no se define el Tribunal que conocerá de nuevo el juicio oral y público, tampoco la fecha para los debates.

La Caja Chica de la Dama es el caso que los hondureños siguen de cerca y esperan que no quede impune, porque se trata del traslado de recursos del erario para fines particulares. Y es que la ex primera dama habría desviado más de 12 millones de lempiras que estaban destinados para la compra de uniformes y zapatos para niños en escuelas del país. Pero ese dinero jamás llegó a su destino.

Lo expuesto en este texto es parte de la valoración y análisis que el CESPAD realizó, a través de una  Veeduría Judicial al caso en cuestión, intitulado: “Caja Chica de la Dama: Sistema de justicia hondureño infringe convenciones internacionales anti corrupción”, publicado en el mes de octubre del 2020.

La veeduría, que evidenció muchos otros  aspectos jurídicos claves que se dieron en el proceso judicial del caso, está disponible en el siguiente enlace para su consulta.

Descargue: Veeduría judicial – Caja Chica de la Dama

Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.

Actuando, unos como empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y otros como representantes de las empresas que participaron en un proceso de licitación, nueve personas formaron parte de una red de corrupción que  defraudó  al  Estado  de  Honduras,  utilizando  a  la  Unidad  Especial  de Proyectos  de  Energía  Renovable  (UEPER), de la ENEE. Patuca III le denominó a este caso la extinta MACCIH y el próximo 27 de noviembre se sabrá si se les condena o absuelve de los cargos a los acusados.

En el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupciónse desarrolló la audiencia en la cual tanto la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), como las defensas de los acusados, presentaron las conclusiones con base en la evidencia que fue presentada en el juicio oral y público que inició el 9 de noviembre.

La UFERCO sostuvo ante el Tribunal que los acusados, unos actuando como empleados ENEE y otros como representantes de las empresas que participaron en un proceso de licitación, fueron parte de una red de corrupción que  utilizó los proyectos de generación de energía renovable de la ENEE, para defraudar al Estado.

Al final de la presentación de las conclusiones, el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción resolvió que la lectura del fallo en la causa Patuca III, se realizará el viernes 27 de noviembre a las 10:00am.

Los nueve acusados en el caso son: Juan José Villeda, acusado por fraude, cohecho y violación a los deberes de los funcionarios; Francisco Arturo Mejía (quien era el abogado y supuesto socio del grupo criminal «Los Cachiros») y su esposaWaldinaLizeth Salgado y el hijo de ambos, Roberto Mejía Salgado, acusados por fraude y soborno doméstico, y soborno doméstico y cohecho, respectivamente. Otros acusados son: Renán Alexis Maldonado,acusado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios; Ada Amalia Puerto y Suyapa Lorena Rivera (delito de fraude), ambas a título de cómplice o de cooperador necesario; Luisa Sofía Figueroa y  Elia Virginia Medina, ambas acusadas por violación a los deberes de los funcionarios.

Las conclusiones

Los Fiscales explicaron que las pruebas documentales, periciales y testifical se orientaron para mostrar cómo se produjo el fraude, girando invitación para presentar ofertas  para  el  equipamiento  de  la  Unidad  de  Viviendas  del  Campamento

Base  en  el  Proyecto  Hidroeléctrico Patuca III, a un determinado grupo de empresas que se encontraban relacionadas  entre sí, para asignaron contratos millonariossobrevalorados, obviando procedimientos.

En los documentos que presentó la Fiscalía como medio de prueba, así como actas de subsanación y de evaluación técnica, se encontró que la comisión evaluadora, incluyó a empresas que no estaban inscritas en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). Solo este hecho aseguró la Fiscalía hubiera invalidado el proceso de contratación, porque solo con mostrar que la solicitud para ingresar al concurso, evidenció que la inscripción de una de las empresas se hizo en fecha posterior a la revisión de ofertas, eso invalidaba la contratación.

Otro detalle que destacó la Fiscalía en sus conclusiones, fue que los valores de los artículos en las empresas eran mayor que los del mercado,por lo que la empresa a la que se le adjudicó el contrato vendió artículos sobrevalorados. La UFERCO probó con el análisis de pericias, que no se evaluó objetivamente la capacidad económica financiera o experiencia de las empresas y sabiendo que no cumplían con las normas establecidas en la Ley de Contratación del Estado, se les adjudicó los contratos.

En el juicio, también la UFERCO explicó que se probó que el proceso de contratación presentó características de una compra directa, pese a que tuvo que ser una licitación pública. Quedó claro para la Fiscalía, que la comisión evaluadora para asignar los contratos en este proyecto, no llevó a cabo su papel en el marco de ley. “No fue llevado a cabo el proceso conforme se estipula en ley, por ejemplo en el cuadro de revisión pusieron que cumplía todos los requisitos solicitados, incumpliendo los requisitos. La comisión evaluadora solo hizo una operación matemática de multiplicar el precio unitario de las ofertas, no elaboraron una lista conforme el precio de mercado, pudieron desestimarla porque eran valores altos y no lo hicieron”, dijo el fiscal.

En conclusión, para la Fiscalía, la comisión evaluadora omitió los requisitos que establece la ley para aplicar lo que dispone en determinar la idoneidad técnica de la empresa para cumplir un contrato millonario que le adjudicó el Estado. “Esto era incomprensible”, según la UFERCO, dado que la comisión estaba conformada por empleados públicos que conocían los procesos de contratación, que participaron en el proceso de evaluación y pese a eso, recomendaron la adjudicación con una oferta sobrevalorada y omitieron el deber que tenían en sus cargos.

La Procuraduría General de la República (PGR), afirmó en su participación que hubo intención y voluntad para la ejecución de los ilícitos y por lo tanto solicitó al Tribunal que dicte una sentencia condenatoria, declare la responsabilidad civil de los acusados.

Mientras, los abogados defensores plantearon que las declaraciones de la testigo que fue presentada por el Ministerio Público, “no fue un testigo de referencia” porque estuvo después de los hechos y que el testimonio que rindió fue con base a su percepción. Además, señalaron que refirió algo interesante en su declaración, a través de la que reveló que hubo una violación a la cadena de custodia de los documentos que generó un problema con los allanamientos. “Es necesario que conste o destaque lo que dijo, que tuvo un impase con los agentes, porque al momento de firmar las actas le colocaron la frase documentos de su propiedad y ella en un chispazo les dijo que no iba a firmar porque no eran documentos de ella, sino públicos”, dijeron. Y citó textualmente: le dijeron los agentes, no se preocupe abogada, lo vamos a cambiar. Eso para la defensa es una violación a la garantía de autenticidad”, explicó uno de los defensores.

También las defensas desacreditaron una prueba pericial, porque no se cumplieron los principios de objetividad y transparencia en las pruebas acreditadas. En conclusión, cada una de las defensas de los nueve imputados pidieron al Tribunal que dicte un fallo absolutorio para los acusados, en vista que no se demuestra con las pruebas presentadas, vinculación alguna con los ilícitos, más que la vinculación laboral que cada uno de los acusados acreditó en los hechos que imputa el ente Fiscal. Las defensas alegaron que los documentos presentados eran copias que no debería tener acervo legal y que las pruebas no son lo suficientemente fuertes.

“Se presentaron las conclusiones por las partes procesales contra los nueve acusados en el caso Patuca; el ente acusado solicitó que se encuentre la responsabilidad por los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, soborno doméstico y fraude a título de cooperador necesario. Se agendó para el 27 de noviembre la audiencia de lectura del fallo”, explicó Carlos Silva, Vocero de la Fiscalía.

El Tribunal determinará si resuelve un fallo condenatorio o absolutorio.Inicialmente la investigación y requerimiento  fiscal  fue presentado  el 18 de marzo del 2019, por  el  Equipo Integrado  de Investigación  y  Persecución  Penal,  compuesto  por  fiscales e  investigadores  de  la  UFECIC‐MP y expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.

13 de octubre, 2020

El 19 de junio del 2020, la Corte de Apelaciones dictó sobreseimiento definitivo (resolución que declara terminado el proceso penal) a favor de 22 de los 26 implicados en el caso “La Caja de Pandora”, una red de corrupción conformada por funcionarios, políticos, representantes de organizaciones no gubernamentales (Ongs) y personas particulares que sustrajeron unos 12 millones de dólares que financiaron las campañas políticas del 2013 y que fueron a dar a cuentas privadas. Sin embargo, con un Recurso de Amparo en contra de esa resolución, el Ministerio Público busca abrir de nuevo un caso, en el que se vincula hasta miembros de la familia del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

“La Caja de Pandora” es el caso número 4 que documentó y presentó ante los Tribunales de Justicia la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), el 15 de junio del 2019. Con el caso, inicialmente, se acusó  38 personas por haber participado en el desvío de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, estructuras fantasmas que drenaron los fondos para proyectos sociales y de agricultura que jamás se llevaron a cabo.

El recurso del MP: se suplantó el proceso regular por uno arbitrario y falaz

El Recurso de Casación que interpuso el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), concretada en el comunicado emitido este 13 de octubre, dice que “se acredita a partir del planteamiento de las defensas de los imputados, solicitando ante la juez un pronunciamiento sobre la responsabilidad de sus defendidos, donde se suplantó el proceso regular por uno arbitrario y falaz el cual adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, garantizando así la impunidad de la corrupción”.

Es decir, la UFERCO  alega vulneración al debido proceso y considera que tanto  el Juez Natural y la Corte de Apelaciones tergiversaron el procedimiento en esa etapa del juicio. Un abogado y Juez de Tribunales consultado y quien pidió omitir su nombre, lo explica de esta forma: “valoraron la prueba como que era juicio oral y público y ellos estaban en los primeros procesos para valorar indicios y no culpabilidad”.

Esa valoración, el mismo Ministerio Público la consigna en su comunicado, en el cual establece que “se vulnera el debido proceso contenido en el Artículo 90 de la Constitución, (“Nadie puede ser juzgado sino por un Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”). Así como el principio establecido por el Artículo 92 del mismo cuerpo fundamental (Solo se podrá decretar auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es su autor o cómplice. …) y, además, el Artículo 60 párrafo segundo, en el cual se lee que (Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana), al haber creado un procedimiento que solo beneficia a dos grupos diferentes de implicados en casos de corrupción y lavado de activos”.

“Se desconoció lo establecido en nuestra norma fundamental al aplicar un procedimiento distinto al que es competencia del Juez de Letras y, por ende, del Tribunal de Apelación, pues el principio manda que al momento de valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público sólo se exige (como manda la Constitución), la evidencia probatoria de la existencia del delito y el indicio racional de la participación del imputado y que el total de las pruebas es para la etapa preparatoria en la Audiencia Inicial”, sigue diciendo el escrito del Ministerio Público.

Excesos y arbitrariedades

Para la Fiscalía, es manifiesto el exceso y la arbitrariedad, una condición que califican de “grave”, pues al suplantar las funciones valorativas complejas y estrictamente formales que solo corresponden a un tribunal de sentencia, se desnaturaliza el objeto de la etapa preparatoria del proceso, vulnerando con ello los Artículos 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, por lo que no se puede crear un derecho aplicable a una clase privilegiada, propiciando con esto la impunidad de la corrupción.

Pero los señalamientos del ente Fiscal establecen, además, que la Corte de Apelaciones designada, “mediante un lenguaje jurídico manipulado, varió los términos, los esquemas de análisis probatorio, obviando individualizar los planteamientos de las partes (al generalizarlos) y desnaturalizó los procesos de valoración probatoria al modificar los presupuestos y requisitos que el legislador estableció tanto para la etapa preparatoria, como para el juicio oral”.

Con todos los argumentos presentados en el recurso, el Ministerio Público señala que la Acción Constitucional de Amparo solicita también la Suspensión del Acto Reclamado por ser notoria la falta de jurisdicción y competencia de la autoridad, persona o entidad contra la que se reclama, además, el acto reclamado, afecta la actividad del Ministerio Público, en lo que respecta al cumplimiento del deber constitucional de defensor de los intereses generales de la sociedad, al haberse emitido una resolución por un Tribunal de Apelación.

“Con suspensión del acto reclamado, lo que pide la Fiscalía es que continúe el caso y no que se dé el sobreseimiento definitivo, sino que continúe el proceso hasta antes de lo que resolvió la Corte de Apelaciones, porque resolvió algo que no le correspondía”, explicó Yuri Mora, vocero del Ministerio Público.

Y es que la decisión de la Corte de Apelaciones tiró por la borda el proceso de investigación y las evidencias que fueron presentadas por la extinta MACCIH y la entonces UFECIC, ahora, UFERCO. El Ministerio Público considera que es la oportunidad para que los Tribunales corrijan los fallos que se han emitido durante los procesos judiciales que dirimen casos de corrupción y que sólo fortalecen las redes de corrupción, beneficiando a grupos de influencia política y económica.

La Corte de Apelaciones no tenía por qué dar un sobreseimiento definitivo contra todos los implicados en el Caso Pandora, porque no era el momento procesal, ni es la Corte de Apelaciones la que tiene que decidir eso”, agregó el vocero del MP.

La decisión ahora está en la cancha de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, la que, según la Ley de Justicia Penal, en su artículo 52, establece que “deberá ordenar el libramiento de comunicación a la autoridad, persona o entidad contra la que se interpone el recurso para que remita los respectivos antecedentes o rinda un informe sobre el caso. Según la ley el plazo para remitirlos será determinado por el órgano jurisdiccional, pero no podrá exceder de cinco (5) días hábiles”.

Una vez valorado el informe o los antecedentes, los Magistrados determinarán si se admite o no la demanda de amparo presentada. Si el proceso continúa, la Sala Constitucional podrá decretar la apertura a pruebas, de oficio o a instancia de parte. “El período probatorio no excederá de ocho (8) días hábiles comunes, para proponer y evacuar las pruebas ofrecidas. Este período podrá ampliarse hasta por cuatro (4) días hábiles, si se debe de rendir prueba fuera de la sede del órgano jurisdiccional que conozca del amparo”, dice el artículo 55, de la Ley de Justicia Penal.

Los Magistrados de la Sala Constitucional, al evaluar los antecedentes e informes podrán anular, declarar o determinar que hay o no una vulneración y se deberá ceñir a lo que establece la ley.

Los Magistrados denunciados

Los tres magistrados de la Corte de Apelaciones: José Alberto Zelaya Zaldaña, María Fernanda Castro Mendoza y Edgar Francisco Ortéz, fueron denunciados ante el Ministerio Público, por la UFERCO, por el delito de prevaricato. Ellos fueron los que decretaron el sobreseimiento definitivo a los 22 implicados y decretaron auto de formal procesamiento a otros cuatro imputados.

A criterio del exjuez Ramón Barrios, “la Corte de Apelaciones nombrada al efecto de conocer este caso se equivocó. El caso tenía los requisitos mínimos para dictar un auto de formal procesamiento y no era para cerrar la causa como se hizo dictando un sobreseimiento definitivo a 22 imputados”.

Barrios  considera que se aportaron los elementos mínimos para que se decretara el auto de formal procesamiento y que las medidas siguieran vigentes, por eso la valoración de la Corte es cuestionada y no augura nada bueno en el fallo que pueda dar la Sala Constitucional, en vista que la misma fue votada en el Congreso Nacional y buena parte de los acusados son diputados que los eligieron. “La Sala de lo Constitucional sencillamente va a devolver el favor, esa es la percepción y pienso que la Sala Constitucional lo va a declarar sin lugar”, dijo el abogado.

El recurso de amparo es el último recurso que tiene el Ministerio Público para cambiar el rumbo del proceso.  La Corte de Apelaciones es cuestionada porque juzgó las evidencias con un estándar valorativo que no es propio de esta etapa del proceso, porque lo único que se necesitaba eran elementos mínimos para probar los hechos.

La investigación del caso Pandora inició en el año 2016, tras una auditoría que realizó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por una denuncia mediante la que se informó sobre el desvío de fondos de la SAG, del Gobierno a entidades privadas. Los fondos según la investigación financiaron campañas políticas de los Partidos políticos, entre ellos el Partido Nacional y Partido Liberal.

Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.

12 de octubre, 2020

Fueron siete meses de investigaciones que los equipos integrados por de las extintas  Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (MACCIH), trabajaron para documentar el caso denominado “Corrupción Sobre Ruedas”, una red que tenía a la cabeza a Hilda Hernández, hermana del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con la que se habrían drenado millonarias cantidades de dinero que estaban destinados para personas con discapacidad, de la tercera edad y a jóvenes hondureños pero que, de acuerdo con el Ministerio Público, sirvieron para financiar la campaña política del mandatario del país.

El caso

Corrupción sobre Ruedas es el caso número 13 que documentó el binomio MACCIH-UFECIC hasta antes de que ambos entes desaparecieran. Ahora, el caso, que está siendo representado ante los tribunales de justicia por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y resuena de nuevo porque a siete funcionarios del gobierno, vinculados al acto de corrupción, la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción les confirmó, por unanimidad de votos, auto de formal procesamiento, el pasado 8 de octubre del 2020.

La investigación, que fue registrada por los fiscales bajo el número-2018-12- Línea C, desnuda cómo se montó la estructura para desviar fondos públicos para favorecer la campaña interna del Partido Nacional en el año 2013. En el caso se aportaron más de 100 medios de prueba que dieron vida a un informe preliminar de auditoría forense, conteniendo unas 500 páginas. “Corrupción sobre Ruedas”, de acuerdo con el MP, se deriva del caso PANDORA, (cuarto caso que presentó la UFECIC/MACCIH, en el mes de junio del año 2018), gracias a las declaraciones de testigos protegidos que develaron los hilos de una estructura que drenó millones de lempiras.

Los equipos de investigadores evidenciaron el desvío de los fondos que estaban destinados para personas vulnerables: discapacitados, jóvenes y de la tercera edad. Esos recursos, que eran del Bono 10 mil, del proyecto Capital Semilla y de la Fundación Acción Social (FUNASOL), nunca llegaron a los beneficiarios sino que se usaron para el alquiler de vehículos blindados que fueron utilizados por funcionarios y sus familiares. Además, se invirtieron para financiar campañas políticas en el 2013, una Convención Política en el 2014 y gastos personales de las cabezas de la red. Para sacar esos fondos, los implicados contaron con una empresa de fachada, bajo la denominación Servicios e Inversiones (AID), la que se creó para defraudar al fisco, según la investigación que presentó la Fiscalía.

Los implicados son funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Honduras, los que violentando sus deberes, conformaron una estructura de corrupción para apropiarse de 11 millones 401 mil 151 lempiras. Ese dinero fue utilizado entre el 4 de julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014 y fueron retirados mediante 104 débitos de cuentas bancarias.

Los acusados

La Investigación

Fue a mediados del año 2013 cuando José Adolfo Sierra, quien trabajaba con Carol Alvarado, Gerente Financiera de Casa Presidencial y Jefa de Presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social (SEDIS), relató que la extinta exministra Hilda Hernández, hermana del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quería formar una empresa. Sin embargo, según el requerimiento fisca, Hilda Hernández necesitaba una persona para poner esa empresa a su nombre. Fue así que en el mes de mayo de 2014, Sierra se constituyó como comerciante individual bajo la denominación Servicios e Inversiones AID, cuya finalidad sería la prestación de servicios de publicidad, impresión, venta de material de oficinas, construcción, licores, cigarrillos, compra y venta de bienes y raíces, préstamos bancarios y cualquier actividad de comercio lícito en Honduras.

Según los registros del Servicio de Administración de Rentas (SAR), en el 2013, AID, tenía un total de 5.3 millones de lempiras, como ingresos declarados; en el 2014, 36.4 millones; en el 2015, un total de 55.8 millones y para 2016, la suma de 34.1 millones de lempiras. En julio de 2013, Carol Vanessa Alvarado y José Adolfo Sierra, visitaron una institución bancaria privada para abrir una cuenta en cheques a nombre de Sierra y la empresa AID. Detallaron que del negocio de publicidad obtenían un ingreso mensual de 30, 000 lempiras y, para abrir la cuenta, depositaron cinco mil lempiras.

AID tuvo sus oficinas en el barrio La Granja, pero luego la trasladaron al edificio donde funcionaba la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), a petición de Hilda Hernández, según señala el requerimiento fiscal. En el relato del testigo se establece que cuando Hilda Hernández fue nombrada Ministra de Comunicaciones, la empresa AID se trasladó a las instalaciones de Casa Presidencial. La Guardia de Honor Presidencial le extendió al testigo un carné como motorista de Carol Alvarado para que pudiera ingresar a Casa de Gobierno. Entre julio de 2013 y el 19 de mayo de 2014, se realizaron créditos por 11.4 millones de lempiras de la cuenta número 12075503, de la empresa AID, en la que se registraron 104 transacciones por débitos.

Financiamiento de Campañas

El testigo protegido identificado como TP-BA1, relató que conoció a la extinta exministra de Estrategia y Comunicaciones, Hilda Hernández, por intermedio de David Eduardo Ortiz Hawit. La acusación señala que en agosto de 2013 se le manifestó al testigo protegido TP-BA1, “que había un dinero transferido a BANADESA para la campaña electoral del candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, fondos destinados a la encargada de campaña, Hilda Rosario Hernández, para ser utilizados en la campaña electoral”.

El requerimiento fiscal, además, señala que “se le instruyó para que hiciera facturas simuladas para tener acceso a los fondos”. Por ello se presentaron 2.9 millones de lempiras en facturas simuladas ante BANADESA. Después de eso, el testigo asegura que se reunió con Hilda Hernández, “para determinar cómo le pagarían varias facturas que le adeudaba el movimiento Azules Unidos del Partido Nacional, por renta de vehículos para la campaña de las elecciones internas del 2012, que ascendían a cinco o seis millones de lempiras”.

En la declaración, que forma parte del requerimiento, el testigo informa que la exministra de Comunicaciones le dijo que utilizaría parte de los fondos de los 2.9 millones. “Iban a abonar 1.3 millones de lempiras en facturas vencidas del servicio de alquiler de vehículos para la campaña; 800,000 lempiras y fracción, lo abonaría para la compra de una camioneta Toyota, modelo Land Cruiser Prado, y el resto, aproximadamente 800,000 lempiras, se los devolverían en efectivo. Para noviembre de 2013, el testigo aseguró que la exministra Hernández le solicitó que recogiera unos cheques de BANADESA, a nombre de la empresa Servicios e Inversiones AID.

En el mes de septiembre del 2019, cuando la UFECIC/MACCIH presentaron el caso ante los medios, Ana María Calderón, Vocera interina de la Misión, dijo: “Estamos frente a exfuncionarios y funcionarios públicos que violando sus deberes de proteger los fondos del Estado conformaron una estructura para drenar recursos”.

¿Qué medios utilizaron?

BANADESA fue el blanco de los fraudes. Con el Proyecto Bono 10 mil, mediante convenio suscrito el 19 mayo del 2010 entre el Programa de Asignación Familiar (PRAF) y BANADESA, entregarían beneficios a personas de la tercera edad, a jóvenes y a personas discapacitadas. Aquí fue clave la empresa AID, que se creó por las cómplices necesarias Carol Vanessa Alvarado Izaguirre y Claudia Noriega, coordinadora del proyecto “Tarjeta la Cachureca”, para el manejo de esos fondos que terminaron usándose para fines personales y para financiar campañas políticas.

Para justificar la salida del dinero hubo un “gancho” perfecto: la emboscada que se suscitó en la comunidad de El Chaparral, en El Paraíso, en el mes de octubre del 2012 y que dejó cinco muertos y el robo de siete millones de lempiras del Bono 10 mil. Esa fue la coartada perfecta para justificar la necesidad de alquilar vehículos blindados por el traslado del dinero.

“Esta fue la explicación que se tuvo para alquilar vehículos blindados. Para esto se utilizó a la empresa AID y al evaluar la extensa documentación encontrada se concluyó que en realidad estos vehículos blindados fueron utilizados para trasladar a diversos personeros que iban a trabajar o que iban a ser utilizados en la campaña electoral”, denunció Calderón, en su momento. Este servicio de alquiler de vehículos le costó al Estado 4 millones 154 mil 20 lempiras.

Otra modalidad

La investigación señaló que se utilizaron más de seis millones de lempiras en gastos para la campaña y que incluyó la elaboración de 700, 500 sándwiches que habrían sido utilizados el 27 de enero del 2014, en el estadio nacional. Ese pago fue autorizado por Carol Vanessa Alvarado Aguirre. Esos 700, 500 sándwiches tuvieron un costo de 862, 500 lempiras.

También se registró que entre el 30 de octubre y el 13 de diciembre del 2013, el Congreso Nacional emitió tres cheques que fueron depositados a la cuenta de la empresa AID, que ascendieron a la cantidad de 706, 320, que supuestamente eran para pagar servicios de publicidad, propaganda institucional y otros eventos del Congreso. Sin embargo, no se encontraron documentos que indiquen que esos fondos fueron utilizados en esa actividad. Otro hallazgo que destaca el Ministerio Público, fue que la empresa AID giró un cheque por 700 mil lempiras que fue cobrado en efectivo y que según la investigación, fue utilizado para el pago de hospedaje en una convención de un partido político. Esa convención se llamó “Todos por una Vida Mejor”, que se realizó el 15 de marzo del 2014, en Comayagua.

Gastos Personales

Se estableció a lo largo de la investigación que parte de la piñata de esos fondos terminó en gastos personales; la Fiscalía detectó diversos depósitos que salían desde la cuenta de AID a las cuentas personales de Carol Vanessa Alvarado Izaguirre. Inclusive, se libraron cheques para pagar su tarjeta de crédito.

El fraude en el uso de los recursos fue evidente; se cumplieron los requisitos del delito porque como funcionarios públicos, en cumplimiento de sus funciones, se advirtió que participaron en actos en los que estaban de por medio los intereses del Estado. También, que se pusieron de acuerdo para favorecer a un tercero y que siempre existió el propósito de defraudar al fisco.

Las declaraciones de testigos protegidos en el caso han sido clave para desnudar esta red de corrupción que desde el Estado desvió dineros. Se trata de un caso en el que, incluso, en calidad de testigos, han sido llamados desde el mes de febrero de este año, varios periodistas a los que se las habría entregado unos 4.5 de lempiras, provenientes de las arcas del Partido Nacional.

Aseguramientos

En el proceso, el Ministerio Público solicitó el aseguramiento de nueve vehículos y una empresa. “Fue una forma diferente de operar; se trató del alquiler ficticio de vehículos, los que fueron utilizados o transferidos a algunos funcionarios públicos o familiares para uso personal”, dijo uno de los investigadores.

Uno de los vehículos decomisados, según el reporte fiscal, es el que tiene placas PDE 4483 que inicialmente se rentó, pero que luego fue traspasado por la empresa arrendadora, el 8 de febrero del 2018, a la empresa Golden Rent a Car. “Esta empresa alquiló este vehículo supuestamente a Casa Presidencial y, finalmente, quien lo utilizó fue Andrea Carolina Hankel Hernández”, dijo Calderón. Ese vehículo se pagó con fondos del Programa Capital Semilla.

Un segundo vehículo fue utilizado en alquiler, pero luego fue traspasado a Carlos Roberto Castillo Andino, quien a su vez lo traspasó a Nelly Isabel Martínez Torres, esposa del entonces presidente de BANADESA, Jhonny Handal. Otro de los carros asegurados fue un Explorer placas PDE 9079, utilizado por Bayardo Salgado, como funcionario de BANADESA. El vehículo PDM 5759, fue asignado a Marlon Dariel Salgado Méndez, hijo de Bayardo Salgado, y el vehículo PDE 9085, que también fue adquirido por el Proyecto Capital Semilla y de arrendarse, se traspasó a la empresa Inversiones Olis, cuyos gerentes eran Ana Beatriz Solis Mckinson y David Ortiz, gerente de Finanzas de BANADESA.

Cuatro vehículos fueron pagados por Capital Semilla y beneficiaron a Carol Vanessa Alvarado Izaguirre y José Antonio Bardales Fuentes, ambos socios de la Empresa Representación Montes, distribuidora de productos, la que fue asegurada.

¿Qué viene?

Corrupción Sobre Ruedas apenas ha presentado un requerimiento fiscal en una de las líneas de investigación que tiene documentada el Ministerio Público. Es tan amplia la investigación que denota “una piñata” de millones de lempiras que fueron saqueados y que terminaron en manos de particulares y de políticos que los destinaron para el financiamiento de la campaña del 2013 y para realizar las convenciones del Partido Nacional en el 2014. Hay más detalles que en los próximos días saldrán a luz, como parte de una investigación, cuyo punto clave son las declaraciones que alrededor de 50 periodistas hondureños aportan al caso, y que han sido llamados para rendir cuentas.

Esta es una red bien montada, de las muchas que en el país se formaron y que evidencian, de acuerdo con el Ministerio Público, cómo, mediante empresas y fundaciones de  maletín, se ha estado defraudando al fisco desde hace muchos años.

Nota aclaratoria:

Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/a del reportaje y del CESPAD.

Las 10 personas que están vinculadas con la sustracción de más de 68 millones de lempiras (cerca de 3 millones de dólares), de la ex SOPTRAVI, van a juicio, luego de que el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, determinara Auto de Apertura a Juicio Oral y Público. Narcopolítica le llamó a este  caso el extinto binomio MACCIH-UFECIC, con el cual documentó una red que se vinculó con la estructura criminal de “Los Cachiros”, para apoyar al financiamiento de la campaña política del expresidente Porfirio Lobo, en el año 2013.

La decisión se conoció en las últimas horas, luego de que el Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentara una solicitud para iniciar juicio oral para tres de los implicados en el caso Narcopolítica, el que se suma a los restantes siete implicados, a quienes ya se les declaró, también, apertura a juicio oral y público.

¿Qué implica la resolución?

La resolución emitida establece que “en la causa penal contra varios imputados en hechos de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), se abre el juicio a Norberto Quezada Suazo por su posible participación en 10 delitos de fraude; para Lucas Jetssel Velásquez Ramos por un delito de fraude y para Marlon Geovany Aguilera por considerarse como simple cómplice en la comisión de 21 delitos de fraude”.

“El expediente de mérito en el caso será remitido junto con la resolución y anexos correspondientes al Tribunal de Sentencia en un plazo de 48 horas”, explicó a los medios locales, Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.  Una vez se reciba esa resolución y anexos, la Secretaría del Tribunal de Sentencia convocará a las partes procesales para que rindan sus informes detallados de cómo serán notificados en adelante, en el proceso, para que continúen las fases preparatorias para el Juicio Oral y Público.

Con esta decisión, los 10 implicados en Narcopolítica definirán su futuro en un juicio oral y público mediante el cual se determinará su inocencia o culpabilidad en los hechos que se les imputan. Solo están pendientes de presentarse a los Tribunales Devis Leonel Rivera Maradiaga y Fabio Porfirio Lobo, ambos acusados en Estados Unidos por narcotráfico, guardando prisión en una cárcel Federal en ese país.

El resto de implicados: Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exalcalde de Tegucigalpa y exministro de SOPTRAVI (el único que guarda prisión en el caso), así como Walter Noé Maldonado Maldonado, exdirector General de Carreteras en SOPTRAVI; Marlon Yovany Aguilera Flores, exjefe de la Unidad Técnica de Apoyo y Seguridad Vial de SOPTRAVI; Carol Ivón Pineda Baide, de la Unidad Técnica de Apoyo y Seguridad Vial de SOPTRAVI;  Daysi Marina Zúñiga Méndez, Gerente General de la Empresa Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S. de R. L. (INCOHZ); José Manuel Valladares Rosa, Gerente General de la Empresa Construcciones y Supervisión Vanvitelli, S de R.L.; Luisa María Fonseca Montalván, Gerente General de la Empresa Construcciones y Supervisión Vanvitelli, S de R.L y Claudia Marisela Matute Colindres, Gerente General de la Empresa Profesionales de la Construcción IPC (PCM), aguardan seguir con el proceso porque el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción está a la espera de la resolución para realizarse un solo juicio para 10 de los 12 imputados.

Narcopolítica evidencia como la narcoactividad ha permeado las campañas políticas en Honduras y, al igual que en otros casos de corrupción que dejó documentados la MACCIH-UFECIC (ahora UFERCO), se han utilizado organizaciones no gubernamentales, fundaciones e institucionales estatales desde las que se ha sacado dinero de las arcas del Estado de Honduras.

Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.

8 de octubre, 2020

Los hilos del narcotráfico que permean el financiamiento de las campañas políticas en Honduras, comenzaron a conocerse cuando salieron a la luz los pactos que se generaron desde la extinta Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), institución desde donde se adjudicaron más de 68 millones de lempiras (cerca de 3 millones de dólares) para la construcción de obras de infraestructura que nunca se ejecutaron. El caso Narcopolítica, que documentó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), evidencia cómo se crearon empresas y cómo muchos funcionarios públicos  incumplieron sus deberes y violentaron leyes para financiar, con dinero del narcotráfico, campañas políticas.

Tras meses de investigaciones que iniciaron con las declaraciones brindadas por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, en el 2017, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de su entrega a la justicia en los Estados Unidos, se fue desenmarañando toda la trama que se gestó cuando Porfirio Lobo Sosa (presidente 2010-2013) fue candidato del Partido Nacional, en busca de la presidencia de la República. Narcopolítica es el caso número 12  que documentó la UFECIC y que presentó ante los Tribunales Anticorrupción el 24 de mayo del 2019.

¿Cómo comienza la trama?

Colón y Olancho son los departamentos que se beneficiarían con diversas obras de infraestructura, a través de proyectos aprobados desde la SOPTRAVI. Sin embargo, para justificarlos se utilizaron fotografías de viejos proyectos e incluso, hasta los nombres de barrios y colonias favorecidas fueron inventados para sustraerse los más de 68 millones de lempiras que se desembolsaron para pagar a una de las empresas que fundó una de las estructuras criminales más peligrosas del país: Los Cachiros.

Inmobiliaria Rivera Maradiaga, Sociedad Anónima de Capital Variable (INRIMAR S.A. de C.V.), fue la empresa con la que SOPTRAVI firmó 21 contratos. 15 correspondían a proyectos u obras de pavimentación de calles en la ciudad de Tocoa, por un monto de 25. 3 millones de lempiras y seis proyectos de emergencia para la reconstrucción de calles y vados en el Departamento de Olancho, por un monto de más de 43 millones de lempiras.

Los Acusados

El caso Narco-política vuelve a la palestra pública en Honduras, luego de que este 6 de octubre del 2020, se llevara a cabo la audiencia preliminar en contra de tres de los implicados, en espera de que se dicte el auto de apertura al juicio oral y público en el proceso. Y es que del total de los 12 acusados, 11 siguen el proceso judicial y 10 gozan de medidas distintas a la prisión. De los imputados, sólo Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ex alcalde de Tegucigalpa, capital del país, guarda prisión en Honduras, específicamente en el Primer Batallón de Infantería. Mientras, Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, no forma parte de los implicados con acciones legales en su contra, en los tribunales hondureños, ya que purga una condena de 24 años en una cárcel de Estados Unidos, luego de que en septiembre del 2017 se le sentenciara por narcotráfico.

Narcopolítica es el caso número 12 que presentó ante los Tribunales de Corrupción del país la extinta MACCIH. En la actualidad, este caso es llevado por la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO), ente que reemplazó de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), fiscalía creada por la Misión.

Implicados en el caso Narcopolítica

¡Habló el Cachiro!

Las explosivas declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga impactaron en la cúpula del Partido Nacional. No sólo fue el hecho de declarar que financió la campaña del expresidente Porfirio Lobo Sosa, sino mencionar los beneficios que negoció para que desde el Estado de Honduras se le otorgaran contratos a favor de su familia, creando empresas con requisitos y procedimientos que establecen la Ley, que nunca se cumplieron, para lavar el dinero que obtuvieron del narcotráfico.

A cambio, “El Cachiro” debía entregar cierta cantidad de dinero a funcionarios que desempeñaban cargos de dirección en diferentes instituciones públicas, durante ese periodo de tiempo. Las empresas que se crearon tenían como rubro principal la construcción de calles y mantenimiento de red vial no pavimentada, construcción de puentes, vados, servicios de minería, así como otras construcciones y servicios.

INRIMAR, la empresa que se constituyó el 3 de junio del 2009, se benefició con varios contratos. Se agenció de 68 millones de lempiras sin reunir los requisitos de ley. Ese era parte del acuerdo pactado al aportar económicamente a la campaña electoral del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Esa información se supo, cuando entre el 6 y el 16 de marzo del 2017, Devís Leonel Rivera Maradiaga declaró, entre muchos otros elementos, en la Corte del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, ante la Juez de Distrito Lorna G. Schofield, sobre las actividades ilícitas que realizó en Honduras. De acuerdo con datos sustraídos del requerimiento fiscal del caso, una de las situaciones que mencionó, fue el encuentro que sostuvo en Tegucigalpa “en la residencia del presidente en el barrio El Chimbo”, con Porfirio Lobo Sosa, quien le aconsejó que “creara compañías porque él iba a adjudicarnos contratos del Gobierno para pagarnos a cambio de los sobornos que le habíamos dado para su campaña”.

Durante ese periodo, Rivera dijo que dio dinero a diferentes funcionarios para obtener los contratos y así, con sus empresas, justificar proyectos de construcciones que quedaron en papel porque nunca se ejecutaron. Esto lo sabían las autoridades, pero con el soborno que se pagó a funcionarios a cargos de dirección, incluyendo ministros, en diferentes Instituciones públicas, no sólo obtuvo los contratos, también el silencio y la nula supervisión de los proyectos.

Cómo operaron

Tras asumir la Presidencia, el 27 de enero del 2010, el Presidente Porfirio Lobo Sosa, nombró como Secretario de Estado en SOPTRAVI a Miguel Rodrigo Pastor Mejía, mediante Acuerdo 06-2010. El 1 de febrero nominó como Director General de Carreteras de SOPTRAVI a Walter Noé Maldonado-Maldonado.

Luego de cinco meses de fungir en sus cargos, el 21 de junio del 2010, Devis Leonel Rivera Maradiaga, como Gerente General de INRIMAR, se presentó ante la Dirección General de Carreteras de SOPTRAVI con documentos de precalificación, para obtener la categorización de su empresa y participar en los procesos de contratación de esa Secretaría de Estado. El 4 de agosto del 2010, Walter Noé Maldonado-Maldonado, en su condición de Director de Carreteras, le notificó a INRIMAR que obtuvo la calificación y la categoría A,  pese a que nunca se integró un Comité de Evaluación para que se emitiera el dictamen técnico que estableciera que la empresa cumplía con todos los estándares profesionales para esa categoría.

Para INRIMAR no existió una resolución que fundamentara la pertinencia del otorgamiento de la Categoría A; la Ley pide comprobar los estados financieros, constancias bancarias y comerciales de los tres últimos años, al igual que la solvencia económica, técnica y profesional de una empresa. Pero INRIMAR no lo acreditó. Cuando se le otorgó la precalificación, la empresa sólo tenía un año de estar operando. Sin embargo, en la investigación, la Fiscalía detectó otras irregularidades: no se realizó la verificación de la maquinaria declarada por la empresa, ni tampoco que el equipo fuera de su propiedad; no se verificó su ubicación y tampoco se advirtió de que no contaba con la experiencia requerida por la ley, en virtud de los pocos proyectos que se adjuntaron como respaldo de las obras realizadas y ejecutadas.

Cuando INRIMAR obtuvo la Categoría A, Fabio Porfirio Lobo, quien actuaba ante SOPTRAVI como representante de esa empresa, logró que entre el 2 de agosto y el 16 de diciembre del 2010, se suscribieran, con Miguel Rodolfo Pastor Mejía, como Secretario de la SOPTRAVI, los 21 contratos de construcción de diferentes obras de carreteras en los departamentos de Colón y Olancho.

Otras empresas

En el requerimiento fiscal que fue presentado en el caso Narco-política, aparecen otras empresas que formaron parte del engranaje de corrupción. A través de ellas se suscribieron contratos para la supervisión de los supuestos proyectos que ejecutaría INRIMAR. Por ejemplo, la Empresa Ingenieros y Consultores Hércules Zúñiga S. de R.L. de C.V (INCOHZ), firmó un contrato para supervisar cinco proyectos, mientras, la Empresa Construcción, Asesoría y Servicios S de R.L (CONASER), dos contratos para supervisar 10 proyectos. Todos sumaron un monto total de L3, 794, 736. 08.

Esas empresas tenían que verificar el cumplimiento de los 15 contratos de construcción de Pavimento Hidráulico que se suscribieron para ejecutarse en diferentes barrios y colonias del Municipio de Tocoa, departamento de Colón. Los proyectos se realizarían por etapas: 1) pre-contractual, 2) contractual y 3) ejecución y recepción de las obras. Pero, llamó la atención de la Fiscalía que los tres contratos de supervisión tenían irregularidades que comenzaban desde la invitación para participar en la licitación,  la apertura de las ofertas, la evaluación de ofertas y posterior dictamen técnico, así como el acta o nota de adjudicación, firma o suscripción de los contratos; la orden de inicio de las obras, informes de supervisión y el pago único de estimaciones (incluía una solicitud de pago a constructora) o reembolsos (solicitud de pago a supervisoras), acta de recepción de las obras y su ratificación.

En la etapa pre-contractual, las primeras cinco transacciones fueron suscritos el 2 de agosto del 2010, cuando aún no se habían girado las invitaciones a los oferentes para participar en el proceso de contratación. Los restantes 10 contratos fueron suscritos el 5 de octubre del 2010 y fue entre el 27 y 28 de septiembre, que se elaboraron las Actas de Apertura de las Ofertas.  Todo esto detectó que la apertura de ofertas de los 15 proyectos de construcción y los tres, para la supervisión de obras, no se desarrolló. Pero sí se firmaron 18 actas de apertura, por los integrantes de la Comisión y los oferentes.

El 29 de septiembre del 2010, la Comisión de Análisis de la SOPTRAVI firmó los 18 dictámenes, recomendando la adjudicación de igual número de contratos. A esos dictámenes técnicos sólo se les estampó la firma, sin ningún análisis.

La Fiscalía destaca que la documentación relacionada con las 15 estimaciones únicas y tres reembolsos, así como los tres informes de supervisión y 15 actas de recepción de obras, contenían información distinta a la realidad, porque se plasmaron hechos que no se produjeron o no sucedieron. Las obras simplemente no fueron construidas, no se proveyó la ubicación exacta de dónde se construirían o pavimentarían las calles y, además, se dieron nombres de barrios que no existen en la ciudad de Tocoa.

Pese a todas las irregularidades, los pagos se tramitaron previo a elaborarse informes, describiendo el avance de obras que no existían. Tanto los empleados de la SOPTRAVI y las empresas supervisoras no inspeccionaron los proyectos. Fue hasta el año 2011 que esa secretaría de Estado envió personal a visitar los sitios donde debieron construirse las obras, detectándose que no había proyectos. Aun así, fue hasta en el 2013, cuando se conoció que “Los Cachiros” estaban en Estados Unidos, que se hizo una segunda inspección a la zona donde aparecían adjudicados los proyectos, confirmándose las irregularidades.

Las empresas supervisoras se llamaron al silencio; no podían decir nada porque también fueron seleccionadas sin cumplir los estándares exigidos por la Ley, para otorgárseles los contratos; no contaban con planos, bitácoras, georreferenciación del proyecto y, en medio de sus propias irregularidades, no advirtieron que las obras no se habían ejecutado.

Los Pagos

En el 2013, según el requerimiento que presentó la Fiscalía ante el circuito Anticorrupción, se emitió el primer pago a INRIMAR, por un monto de L9,269,350.00, acreditados a la cuenta de cheques No.01-13-002257, de Banco Continental, por el pago de seis contratos de los 15 otorgados. El pago se realizó tres años después, porque esos contratos se firmaron en 2010, sin la correspondiente disponibilidad presupuestaria.

La SOPTRAVI autorizó esos pagos sin contar con una estructura presupuestaria para hacerlo, lo que significa que Miguel Rodrigo Pastor, pese a que fue informado por sus colaboradores de la imposibilidad de suscribir los contratos, los otorgó, sabiendo que al 6 de agosto del 2010 se había ejecutado el 99.30% del presupuesto vigente para esa institución estatal, por lo que la Fiscalía acredita que esa secretaría no tenía las facultades legales para suscribir esos contratos con INRIMAR.

Implicados en el caso Narcopolítica

Implicados en el caso	Cargos en su contra
7) Daysi Marina Zúñiga Méndez	Gerente General de la Empresa Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S. de R. L. (INCOHZ).
8) Lucas Jetsel Velásquez Ramos	Gerente General de la Empresa Velásquez Construcciones y Consultoría.
9) José Manuel Valladares Rosa	Gerente General de la Empresa Construcciones y Supervisión Vanvitelli, S de R.L.
10) Luisa María Fonseca Montalván	Gerente General de la Empresa Construcciones y Supervisión Vanvitelli, S de R.L.
11) Claudia Marisela Matute Colindres	Gerente General de la Empresa Profesionales de la Construcción IPC (PCM). Estos seis acusados por los delitos, a título de autor del delito de falsificación de documentos públicos y a título de cómplice necesario del delito d fraude.
12) Devis Leonel Rivera Maradiaga	Se entregó a la justicia de Estados Unidos, país donde actualmente Guarda Prisión en una Cárcel Federal. Fue socio fundador de la Empresa INRIMAR y es acusado a título de autor, por el delito de falsificación de documentos públicos, soborno doméstico y cómplice necesario del delito de fraude.

Nombres y datos sustraídos del requerimiento fiscal caso Narcopolítica.

Todas estas irregularidades sirvieron para documentar este caso, que ahora se dirime en los Tribunales del Circuito Anti-corrupción, donde fue notorio que todo fue una licitación privada y no pública como establece la ley, porque se le adjudicaron contratos a una empresa que no tenía experiencia, ni un buen perfil financiero y técnico. El caso también evidencia la sobrevaloración en los precios unitarios de construcción de los 15 contratos, ya que los precios de referencia del mercado eran más bajos que los consignados en cada contrato. La Fiscalía estimó la sobrevaloración en unos 8. 2 millones de lempiras. Pero lo más grave es que las obras no se construyeron tal como lo indica el informe de Ingeniería del Ministerio Público, es decir, que el perjuicio económico para el Estado no solo se produjo por el hecho de no construir las obras, sino también por los valores elevados que se consignaron en cada uno de los contratos

Los Decretos de Emergencia, recursos legales para drenar fondos públicos

El 30 de mayo del 2010, justificándose las consecuencias devastadoras del fenómeno climatológico “Agatha”, se aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-20-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 2 de junio del 2010. Mediante ese Decreto se declaró Estado de Emergencia Nacional para 3 regiones del país (Región Primera o Valle de Sula, Región Cuarta o Sur, Región Quinta o Lempa), para la reconstrucción de la Red Vial no pavimentada en varios departamentos.

Ese mismo año, el 6 de julio del 2010, el Gobierno aprobó el Decreto Ejecutivo PCM-29-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 16 de julio del 2010, para declarar Estado de Emergencia Nacional para el Departamento de Olancho y cumplir así el compromiso de adjudicar, en esa zona del país, contratos a Devís Leonel Maradiaga.  Cabe señalar que el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), determinó que «Agatha», azotó con mayor fuerza en los departamentos de Valle, Choluteca, Ocotepeque, Francisco Morazán (Distrito Central), Cortés (Villanueva). Es decir, la emergencia no azotó con tanta intensidad a Olancho y pese a eso, emitieron el decreto.

En total, INRIMAR ejecutó obras de reconstrucción mediante seis contratos de Emergencia. Y según el Ministerio Público, antes de que iniciara el proceso de contratación, Miguel Pastor entregó a sus colaboradores los montos, lugares donde se ejecutarían los contratos de emergencia, incluso, los nombres de las empresas a los cuales debían adjudicarse los contratos. Las presiones para obtener los pagos, por parte de Devís Leonel Maradiaga y Fabio Porfirio Lobo eran fuertes. Pastor no tuvo más remedio que enviar un oficio al Secretario de Finanzas, solicitando el desembolso de esos contratos adjudicados a INRIMAR, en el Departamento de Olancho.

El proyecto aprobado por el Decreto de Emergencia, reconstruiría vados en los municipios de Salamá-Jano y Catacamas. Sin embargo, no se encontró ninguna obra civil de drenaje, es decir, no se encontraron vados. Lo más parecido fue una caja puente.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por otro lado, detectó que las fotos que se incorporaron para acreditar la ejecución de la obra eran del Informe de Supervisión de un vado del Municipio de La Libertad, en el Departamento de Comayagua y por esto la Empresa Vanvitelli, al ser requerida, informó al TSC que las fotos fueron agregadas por error, ya que se confundieron con fotografías de una empresa hermana denominada SECOAGRO.

La piñata de contratos y fondos aprobados no fue una equivocación u omisión de los funcionarios públicos. Fueron irregularidades pactadas mediante 15 contratos de pavimentación y tres informes de supervisión, así como en los seis contratos de emergencia y los contratos de supervisión otorgados para supervisarlos.  Narco-política evidencia colusión, soborno, sobrevaloración y pactos para defraudar al fisco, para facilitar el lavado de activos desde el Estado, a la estructura Criminal denominada “Los Cachiros”. Este caso muestra cómo se hizo posible que bienes o dineros, producto del narcotráfico, fueran ocultados mediante actividades con apariencia lícitas, para introducir esos fondos al sistema Financiero Nacional sin levantar sospechas.

INRIMAR logró posicionarse con un perfil aceptable, que lo convirtió en un ente sujeto de crédito ante las instituciones bancarias, algo que le permitió mezclar dinero proveniente del narcotráfico. Y es que los contratos compraron voluntades y tal como lo plantea el requerimiento, “Los Cachiros” le arrendaron helicópteros por medio de paquetes de vuelo, a partir de marzo del año 2010 y hasta septiembre del 2012, a Miguel Rodrigo Pastor para que se transportara. Eso comenzó a ocurrir, incluso, antes de que se firmaran los contratos.

Según el requerimiento Fiscal, el exministro de SOPTRAVI recibió dinero del narcotráfico. En alguna ocasión le “entregaron a Miguel Pastor, dinero con origen del narcotráfico en sumas que variaban entre cuarenta mil dólares ($ 40,000.00) y trescientos mil a seiscientos lempiras mensuales, montos que eran entregados para financiar su campaña política (precandidatura presidencial año 2012)”.

El caso Narcopolítica sigue su curso en los juzgados correspondientes. Lo que hasta ahora se documenta, según el Ministerio Público, evidencia cómo se orquestó uno de los pactos con el cual la narcoactividad penetró la infraestructura del Estado.

Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/a del reportaje y del CESPAD.